Así justifica el concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento ejidense una moción registrada hoy en el Consistorio en la que solicita medidas para garantizar un suministro vital básico de agua a familias en dificultades económicas.

El agua es imprescindible para la vida como lo es el aire y consideramos que para cumplir con los preceptos que marcan las Naciones Unidas es imprescindible que el agua y su gestión sean públicas. Esto significa “sustituir los valores del beneficio económico de una empresa por la generalización de un servicio vital básico, por su protección como elemento medioambiental y por la participación ciudadana en la toma de decisiones, y garantizar el derecho de todo ciudadano a disponer de un suministro de agua que asegure una vida digna, superando visiones asistencialistas e independientemente de consideraciones económicas”.

Pagar por el agua es un deber de la ciudadanía a cambio de los servicios de distribución y saneamiento que prestan los Ayuntamientos de manera obligatoria; del mismo modo, el pleno disfrute de los servicios ambientales del agua requiere disponibilidad de agua de calidad y en cantidad adecuada sin menoscabo de los ecosistemas hídricos, lo que implica sufragar los costes ambientales que lo hacen posible. Sin embargo, en cumplimiento de criterios mínimos de justicia social, todas las personas, por el hecho de serlo, deben disponer de un mínimo vital de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y poder llevar así una vida digna independientemente de su capacidad económica. Esta exigencia que debería ser la regla general a seguir por los gestores de lo público se ha transformado en España en todo lo contrario.

“Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. El corte de los suministros básicos por incapacidad económica es una medida que se puede calificar de regresiva de los derechos humanos. Cada vez más personas pierden su derecho de acceso al agua y a otros servicios esenciales, a pesar de haber accedido a ellos con anterioridad”, argumenta el portavoz de Izquierda Unida. 

La crisis ha disparado las cifras de los afectados por estas circunstancias, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. La misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España, salvo en algunos municipios de iniciativa pública donde se ha aprobado no cortar el agua a quien demuestra que no la puede pagar. 

“En El Ejido, no tenemos los datos a pesar de haberlos solicitado al Ejecutivo por parte de este grupo municipal, pero sabemos por las propias familias afectadas, que se están produciendo cortes del suministro a familias con escasos recursos”, alerta Pedrosa.

Por todo ello, desde Izquierda Unida se propone impulsar una serie de medidas para garantizar el acceso de personas en dificultades económicas a una cantidad mínima de agua, mediante:

1. La creación un Fondo de Solidaridad, financiado entre la empresa concesionaria AGUAS DE EL EJIDO y el Ayuntamiento de El Ejido, que financiará un Suministro Mínimo Vital, de 100 litros de agua por habitante y día a aquellas familias que estén en riesgo de exclusión social y justifiquen esta circunstancia con el informe preceptivo de los Servicios Sociales. 

2. El establecimiento de mecanismos para aplicar aplazamientos, fraccionamientos y moratorias de deudas, sin intereses ni recargos, para aquellas familias que tengan posibilidades de asumir escalonadamente los recibos por este servicio.

3. Aprobación de nuevas tarifas, entre las que se encuentre una tarifa social que beneficia a los usuarios en situaciones económicas graves demostrables y que pueda llegar a complementarse con otras ayudas. En estas nuevas tarifas se aplicaría un primer tramo de consumo, denominado “tramo del derecho humano al agua”, prácticamente gratuito, muy por debajo de los costes de producción y distribución. Lo importante es que ninguna familia se quede sin agua potable en estos difíciles momentos como servicio público que es.

4. Aplicación del Principio de Precaución en los protocolos de cortes dada la relevancia para la salud de las personas. Exigen que no se realice ningún corte de agua sin la demostración por parte del Ayuntamiento, previas diligencias con el operador privado si fuera el caso, que el hogar en cuestión tiene suficiente capacidad económica para hacer frente al recibo básico

En la moción registrada, IU El Ejido propone, a semejanza de lo realizado en otras entidades con similares modelos de gestión, “la creación de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de El Ejido, ya que es el órgano competente en dicha materia, y la empresa concesionaria del servicio  de abastecimiento de agua, AGUAS DE EL EJIDO, para crear un Fondo de Solidaridad destinado al pago temporal del coste del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para las familias que acrediten la situación de emergencia que así lo haga necesario”. 

“Dicho Fondo de Solidaridad estaría conformado por recursos económicos aportados por ambas partes. La empresa, que puede hacerlo, lo detraería de su beneficio anual mostrando así su solidaridad con la situación de sus usuarios y el Ayuntamiento que podría incluirlo en su  canon anual, y negociando el pago de este incremento a lo largo de los próximos 5/10 años”, explica Serafín Pedrosa. 

 

Para el acceso al mismo deberían tenerse en cuenta ciertos criterios, como que los beneficiarios de dicho Fondo de Solidaridad deben ser familias previamente valoradas desde los Servicios Sociales Municipales, que tengan necesidades relacionadas con la falta de cobertura de los suministros básicos. Este fondo cubriría el pago de los recibos de agua y alcantarillado, que se encontrasen dentro del consumo doméstico de agua medio por habitante. Las ayudas se concederán a los titulares del contrato con el servicio de abastecimiento de agua y debe proceder del consumo de la vivienda habitual y residencial.