La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros para el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, por, presuntamente, “causar un perjuicio económico” a la Hacienda Pública, “alterando” la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la operación de compraventa de una finca realizada en 2004 por una sociedad que constituyó junto a su padre, su hermano y un tercer socio.
El fiscal le imputa la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento público por unos hechos por los que también se enfrentan a las mismas penas y multa los encausados G. G. P., J. G. G. C. y S. L. P., además del administrador de una segunda mercantil, Murgi Edificaciones S. L. , A. G. M., según recoge el escrito de calificación provisional.
Según el Ministerio Público, el regidor, su hermano, su padre y su socio constituyeron en el año 2000 la sociedad Agrícola Euro Alpujarra S. L., con el fin de comprar una finca pública ubicada en el paraje Loma de los Hornillos. La compra se formalizó en julio de ese año por algo más de 300.500 euros.
En abril de 2004, el Ayuntamiento de El Ejido aprobó su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que la citada finca se calificaba, en parte, como suelo urbanizable y el resto como no urbanizable. En este mismo abril de 2004, los cuatro socios firmaron a través de su sociedad un contrato privado con la mercantil Murgi Edificaciones S. L. en el que le transmitían 32.000 metros cuadrados de la finca, en concreto la parte urbanizable, “fijándose un precio total de 1.538.560 euros y estipulándose que la vendedora recibía 588.322, 50, otros 180.000 en julio, 400.000 euros en octubre y el resto, 370.235, 50 euros, en mayo de 2005, abonándose, no obstante, únicamente, la cantidad de 400.000 euros en noviembre”.
El escrito remarca que, sin embargo, los cuatro socios, actuando de común acuerdo “y con el ánimo de causar un perjuicio a la Hacienda Pública”, alteraron presuntamente “la base imponible del impuesto de la sociedad que gravaba la indicada operación de compraventa” en la escritura pública otorgada en 2007 y consignaron que habían recibido por parte de los vendedores 400.000 euros abonados en noviembre de 2004.
Según el fiscal, “con ánimo falsario, en vez de fijar el precio en 1.538.560 euros”, lo hicieron en “791.648,30 euros más IVA del 16% por importe de 126.663,73 euros, lo que supone un total de 918.312,03 euros, fijando que el resto del precio que se expresaba en la indicada escritura pública se abonaría mediante un cheque de 276.613,82 euros y otro de 177.698 euros entregados en el momento de otorgar la escritura”.
El mismo día en que se otorgó la escritura pública, J.G.G.C., actuando de "común acuerdo con el resto de socios" en la mercantil Agrícola Euro Alpujarra SL, "con igual ánimo falsario y de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", según el Ministerio Público, otorgó escritura pública de compraventa de dos locales comerciales de 120 y 118 metros cuadrados a la propia Murgi Edificaciones SL por el precio alzado de 174.453,76 euros, que "los vendedores confiesan haber recibido mediante cheque entregado en el momento de otorgar la escritura cuando realmente no se abonó cantidad alguna". "De esta forma, la base imponible del impuesto de sociedades que gravaba la operación de compraventa quedaba alterado por los acusados al no declarar el precio real de 1.538.560 euros de la compraventa de los 32.000 metros cuadrados de la finca situada en el paraje Loma de los Hornillos, y declarar, sin embargo, el consignado en la escritura pública de agosto de 2007 y fijado en 918.,312,03 euros que se completaría hasta alcanzar el precio real con el abono de 400.000 euros en noviembre de 2004 y la venta ficticia de los referidos locales comerciales por el precio de 174.453,76 euros", según explica.
El fiscal subraya que, de este modo, se dejó supuestamente de ingresar una cuota de 296.072,03 euros "como consecuencia de haber ocultado una base imponible de 1.006.940,50 euros en el impuesto de sociedades, existiendo una diferencia respecto del precio de 2004 de 619.788,18 euros menos".
Reacciones
Desde Izquierda Unida de El Ejido, y nada más hacerse pública la petición de la Fiscalía, volvieron a exigir “la inmediata dimisión del alcalde”, ya que “El Ejido no se merece volver a pasar por la situación de tener a un alcalde gobernando desde prisión”. Su portavoz, Juan Antonio López, se preguntó, asimismo, “¿a qué espera el Partido Popular para cesarle si no dimite?” y recordó que, ya cuando saltó este asunto, el alcalde de El Ejido, y “tras negarse a dimitir”, afirmó que “el tema no iría a más, que no llegaría a nada y que se marcharía si la causa seguía adelante”. “El tiempo ha dado la razón a IU pero Francisco Góngora ahí sigue, aferrado a su sillón de alcalde y perjudicando a este municipio”, concluyó.
