Helena Maleno declara ante el juzgado marroquí, que debe decidir si archiva el caso o lo envía a juicio

Helena Maleno declara ante el juzgado marroquí, que debe decidir si archiva el caso o lo envía a juicio

La activista española Helena Maleno ha declarado este miércoles,31 de enero, por segunda vez ante el juzgado de instrucción marroquí que, completado el interrogatorio y recogida la documentación aportada por la defensa, deberá ahora decidir si archiva el caso o si por el contrario, decide acusarla en firme de algún delito y enviarlo a juicio. 
Maleno, residente en Tánger desde hace una década, está siendo investigada en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo de España para avisar de pateras en el mar, por si pudiera constituir un delito de tráfico de seres humanos.    El interrogatorio de este miércoles tiene lugar después de la primera toma de declaración, que se celebró el pasado 11 de enero, cuando tras responder a las preguntas del instructor se fijó una nueva comparecencia para que éste tuviera margen para estudiar la documentación aportada por la defensa.   

Según el entorno de la activista, consultado por Europa Press, la declaración, que se retrasó respecto del horario previsto en espera de la concurrencia de un intérprete, "ha sido duro pero ha ido bien" y ya solo queda esperar a la resolución del juez, sin que la defensa sepa en qué plazo podría ésta producirse.

La instrucción comenzó a raíz de una información proporcionada por la Policía Nacional a su homóloga alauí sobre esta sospecha. Al no encontrar indicios de delito, las fuerzas marroquíes instaron al Tribunal de Apelación de Tánger a solicitar a España la documentación en que se basaban esas sospechas, tal y como informan las ONG que vienen apoyando a la española.

Mediante comisión rogatoria, se remitieron entonces a Marruecos una serie de informes de la UCRIF en los que se exponía la posibilidad de que Maleno, activista de la ONG Ca-Minando Fronteras por los derechos de los migrantes, estuviera favoreciendo la inmigración irregular.   

Ese fue el mismo informe que analizó la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España antes de decidir, en abril de 2017, el archivo de las actuaciones por no hallar indicios delictivos.