El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Equipo de Tratamiento Familiar con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección que coordina la concejalía de Servicios Sociales y Mujer, ha atendido a lo largo del pasado año 2017 un total de 103 menores y 46 familias.
La edil responsable de esta área, Delia Mira, ha recordado que “se trata de un programa en convenio con la Consejería de Asuntos Sociales dirigido a salvaguardar y mejorar el desarrollo y bienestar de los menores en su entorno familiar. El ETF está compuesto por profesionales de diferentes disciplinas, en el caso de El Ejido, 2 psicólogos, 1 trabajadora social y 1 educadora, para poder abordar a toda la unidad familiar de forma integral”.
La responsable municipal participó en el día de ayer en el acto de firma de renovación del convenio para el desarrollo del programa, desde el 1 de mayo de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019, por el cual recibe la cuantía de 120.526 euros y que el Ayuntamiento complementa con 42.063 euros.
Mira ha indicado que “el tiempo medio de intervención suele oscilar entre los 6 y los 18 meses aunque se puede ampliar si las circunstancias lo requieren”. Además, este programa se divide a su vez en dos sub-programas; el de Riesgo Social que está enfocado a menores de 18 años en situación de riesgo moderado, y el de Reunificación Familiar, enfocado a familias a las que la Administración Autonómica ha retirado la tutela de sus hijos con el objetivo de trabajar en el posible regreso del menor.
Además, desde los Servicios Sociales Comunitarios se ha trabajado en un primer nivel de intervención con 324 familias que han llegado derivados, en su mayoría, de otros organismos, como centros educativos, Sistema de salud, Fiscalía de Menores, Juzgados, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicio de Prevención de Menores y Servicio de Protección de Menores, así como otros municipios.
Delia Mira ha aprovechado para solicitar a la Junta de Andalucía “ayuda y refuerzo económico en ese primer nivel de intervención de los Servicios Sociales Comunitarios en donde existe una sobrecarga de trabajo debido a que la Junta ha aumentado sus competencias pero no la financiación”. Es decir, “se está cargando de trabajo a los Ayuntamientos pero no se incrementan las partidas económicas para poder aliviar esta carga extra que estamos asumiendo y que son de obligado cumplimiento según la legislación vigente, principalmente intervención con menores en situación de riesgo, prestación del SIVA, renta mínima de inserción, atención a la dependencia o a otros colectivos vulnerables como mayores o personas con discapacidad, entre otros”.
