Rivera ha querido explicar, una vez más, de manera didáctica, que la actualización se debe a tres hechos concretos:
1- A la aplicación de una tasa establecida por la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense a los ayuntamientos por la extracción de agua del acuífero y como compensación a los regantes que realizan un mayor consumo de agua desalada a un precio de 0.20, ya que harán uso de los volúmenes sobrantes y aprovecharán al cien por cien la capacidad de la planta.
2- A la obligación de incrementar el consumo de agua desalada como medida necesaria para la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.
El edil ha indicado que “ambos conceptos suponen la obligación de aplicar un gasto adicional anual de 2.249.000 euros. Una actualización de los costes que por ley los ayuntamientos debemos de trasladar a los recibos de los usuarios”.
3- A los costes de amortización de las instalaciones de la planta desaladora y la red de distribución primaria que hasta la fecha ha supuesto una inversión de más de 130 millones de euros.
Rivera ha querido recordar que “el origen de esta situación parte del hecho de que el acuífero se encuentra desde hace años en una situación de sobreexplotación extrema. Una circunstancia que ya en el 2006 llevó al establecimiento de varias actuaciones tales como el ‘Trasvase del Ebro’, la construcción de la desaladora y la reutilización de las aguas depuradas”. Sin embargo, como el edil ha subrayado, “el gobierno socialista eliminó el trasvase y apostó solamente por las desaladoras, siendo éste un sistema mucho más caro e insuficiente”.
Así, se firmó el convenio regulador para la financiación y explotación de la planta del Campo de Dalías entre Acuamed y los ayuntamientos de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar y la Junta Central de usuarios del Poniente Almeriense.
Para el portavoz “aquella mala decisión del gobierno socialista ha puesto es riesgo los acuíferos y, por ende, la supervivencia del sector agrícola. Como consecuencia de ello la JCUPA en consenso con la Junta de Andalucía ha establecido a día de hoy un plan de choque que recoge, entre otras acciones, la imposición de ese canon de 0.1688 céntimos el m³ a las administraciones locales y el consiguiente traslado a los recibos de agua como un coste más del servicio”.
Para terminar, ha insistido en que “debemos de ser muy didácticos con este tema y que los ciudadanos entiendan el reto al que nos enfrentamos que no es otro que el de recuperar un acuífero que se encuentra sobreexplotado, en una situación crítica”.
