La caída y fallecimiento de un menor de dos años en un pozo ilegal en Totalán (Málaga) ha hecho saltar las alarmas sobre el peligro silencioso que acecha en las sierras en las que miles de ciudadanos, cada fin de semana, acuden a pasar un rato de ocio o practicar distintas modalidades deportivas.

La Sierra de Gádor corona el paisaje del Poniente almeriense pero su pasado minero y las catas en búsqueda de un recurso tan escaso en la zona como el agua han sembrado el campo de huecos sobre los que ahora se pretende poner el foco. No en vano, se estima que en esa sierra existen más de 2.000 antiguas minas de extracción de materiales, principalmente plomo y plata, que fueron abandonadas en la segunda mitad del siglo XX.

Junto a estas minas, existen también pozos ilegales cuya cuantificación no está clara. Por ello, desde la Junta de Andalucía, a finales del mes de enero, lanzaron un escrito a varios municipios para  instar al sellado de pozos, sondeos u obras similares en desuso, “previa comunicación a la Consejería competente”. Algunas localidades, incluso antes del fatal desenlace del menor malagueño y de la emisión de este documento por parte de la Junta, ya habían iniciado una búsqueda activa de estos focos peligrosos.

Es el caso del Ayuntamiento de Dalías cuyo alcalde, Francisco Giménez, confirmó a D-CERCA que “en Dalías, al igual que ocurre por toda la zona, hay pozos ilegales para extracción de agua pero la verdad es que esos estaban ya controlados. Lo que ocurre es que históricamente esta es zona de minas y las hay de la época fenicia, romana y hasta del siglo XIX... Es ahí donde estamos centrando los esfuerzos de localización porque son cavidades con apertura grande pero cierran en embudo, a las que se suman los respiraderos de estas minas que tienen unos 30 y 40 centímetros de diámetro, y son bastante peligrosos porque no están identificados”.

En la última semana, el Ayuntamiento de Dalías ya ha procedido al cierre de varios de estos respiraderos a través del uso de maquinaria pesada. “Tenemos dos problemas uno es la gran cantidad de estas minas que hay en la sierra daliense, el otro es que en la mayoría de los casos, salvo que sea un pozo, no hay a quien reclamarle que lo cierre; tiene que hacerlo el Ayuntamiento, aunque también hemos pedido ayuda a la Junta para la localización y cierre de algunas minas con ubicaciones más complicadas”, indicó Giménez.

En el caso de Berja, el equipo de Gobierno ha señalado que, desde el 25 de enero, mantienen una campaña para animar a los vecinos a que informen de la posible existencia de captaciones ilegales o minas para proceder al sellado de aquellas que presenten una situación de peligro. “Los senderos que hay en la zona están señalizados y trascurren por zonas seguras pero, aún así, sabemos que hay una cantidad importante de minas por lo que animamos a los vecinos y deportistas que conocen la ubicación de estas cavidades, a que nos lo indiquen”, han señalado a este periódico.

Otros municipios como El Ejido, han confirmado tener constancia de la existencia de 120 pozos oficiales en el término municipal pero, sin embargo, no se plantean una ronda especial para localizar perforaciones . Desde El Ejido sí recuerdan la obligatoriedad de contar con la licencia municipal y los permisos de otras administraciones antes de realizar sondeos.

Desde la Administración andaluza  aseguran que en los municipios vinculados a la agricultura intensiva puede haber hasta 1.200 captaciones para agua, un tercio de ellas en plena sierra y el resto en llanura aunque, evidentemente, no hay un número para los que han sido abiertos de forma ilegal. Cuando se detecta uno, se abre expediente y se sella. En función del daño realizado al Dominio Público Hidráulico, las sanciones pueden variar entre algo menos de 10.000 euros o hasta más de un millón.

La mayoría de los expedientes de concesión de aguas subterráneas se resuelven desfavorablemente, ya que los acuíferos en la provincia están sobreexplotados.