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La Fiscalía de Almería denuncia al alcalde y concejales del PP de Berja por presunta prevaricación continuada

La Fiscalía de Almería denuncia al alcalde y concejales del PP de Berja por presunta prevaricación continuada

La Fiscalía ha formulado denuncia contra el alcalde de Berja (Almería), Antonio Torres (PP), y los concejales del equipo de gobierno al apreciar indicios de presunto delito continuado de prevaricación en la contratación en 2017 de servicios y suministros "sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto" y con informes "en contra del interventor municipal". 


La Fiscalía apunta a que Torres y su equipo de Gobierno podrían "haber hecho prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados" y acuerda, sin perfuicio de una más depurada calificación jurídica, interponer denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Berja.

El grupo municipal del PSOE elevó en septiembre de 2018 un escrito al Ministerio Público en el que informaba de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en pleno de 5 de marzo del 2018 con el voto a favor de los nueve miembros del PP para el pago de facturas a proveedores "con un dictamen desfavorable" del interventor del Ayuntamiento virgitano. En la citada denuncia, los socialistas indicaban que Torres sometió a votación en el pleno la aprobación de diversas facturas correspondientes a otro ejercicio presupuestario y "provenientes de deudas contraídas por el Ayuntamiento de Berja, resultando que aldunas de llas, o bin no cumplían con los requisistos legales para su aprobación, o bien habían sido fruto de la vulneeración de la ley de contratos con el sector público", tal y como adelantó Europa Press este jueves.

El propio interventor del Ayuntamiento advirtió en sus informes de la "ilegalidad que suponía aprobar determinadas facturas" y señalaba que estos "reparos" habían sido "obviados por parte del alcalde y de los concejales que procesdieron a aprobar el pago de las facturas".

Para el grupo municipal del PSOE, la conducta del equipo de gobierno "no opera como una simple inobservancia de la ley administrativa", sino que "aprueban gastos y ordenan el pago de facturas con los reparos y con los informes advirtiendo de las ilegalidades emitido por el interventor municipal".

A juicio del PSOE, "la conducta del alcalde y los concejales se podría encajar en la figura jurídica de la prevaricación al tratarse de actos injustos con conocimiento de la arbitrariedad de los mismos". 

En el detalle de hechos presentado a la Fiscalía de acuerdo al informe del interventor, se hace alusión a dos facturas por importe de 8.979,41 y 17.960 euros referidas a "servicios de alumbrado festivo, servicio ya contratado con otra empresa"; a otra de 108.480,43 euros a un proveedor a lo largo de un año, "existiendo continuidad en los suministros por lo que el contrato menor supera cuantía" establecida por ley y "debía haberse adjudicado mediante expediente de contratación" y a una factura a otra empresa para un servicio "para el cual ya existe un contrato administrativo en vigor".

También se refiere a otra facturación mensual por iempo superior a un año que supera lo establecido para el contrato menor y a facturas "de mantenimiento y reparación de servicios general s cuyos gastos no se corresponde con le objeto de concesión, entre otros.