El portavoz del Gobierno Municipal, Jose Crespo, ha lamentado que el PSOE de Adra “justifique con su silencio” la okupación ilegal de viviendas a pesar de que se han incrementado un 20 por ciento en los últimos dos años a nivel nacional, según los datos ofrecidos por el propio Gobierno de España. Además, ha asegurado que los socialistas “quedan una vez más en evidencia” cuando su portavoz, Teresa Piqueras, “mira hacia otro lado y prefiere poner por delante los intereses del PSOE al de los abderitanos y abderitanas”.
José Crespo ha instado a Piqueras a situarse “al lado de la cordura” para erradicar un problema que “no es ajeno” a la realidad de nuestro municipio. El edil ha realizado esta afirmación después de que el Gobierno Municipal (PP + Cs) presentara una moción para garantizar la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios que no contó con el apoyo del PSOE.
“La portavoz del PSOE tendrá que explicarle a los abderitanos y abderitanas por qué no ha apoyado la puesta en marcha de medidas concretas para contribuir a impedir la okupación de viviendas en nuestro municipio y solicitar al Gobierno de España cambios normativos que permitan que los propietarios de las viviendas las recuperen con rapidez”, ha dicho Crespo.
Para Crespo “no es sorprendente” que el PSOE obvie esta problemática porque “en los años de socialismo en Andalucía tampoco se han ocupado de las viviendas”, ya que mantenían “paralizados” los planes de vivienda. Además, entre 2013 y 2016 dejaron de invertir el 40 por ciento del presupuesto que debía ir destinado a rehabilitar viviendas y ponerlas en el mercado del alquiler.
Medidas contra la okupación ilegal
A pesar de que no obtuvo el voto favorable de los socialistas, el Ayuntamiento se ha comprometido a elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas e impulsar la coordinación con otras administraciones, además de reforzar la cooperación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia para incrementar la eficacia. Por último, este plan incluirá medidas de refuerzo para garantizar la seguridad de los inmuebles susceptibles de ser okupados y acelerar la resolución de los casos.
La iniciativa también solicita al Gobierno reformar la ley para dar más competencias a los ayuntamientos e incrementar las sanciones penales de los delitos sobre okupaciones que se realicen con violencia o con el fin de promover la explotación sexual y el tráfico de drogas.
