“Con las nuevas ayudas a los autónomos impulsada por la Junta, se vuelve a demostrar el compromiso de Cs con los casi 10.000 trabajadores por cuenta propia de El Ejido”. Así lo ha asegurado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de esta localidad, Cecilio Vargas, tras conocer las nuevas subvenciones puestas en marcha por la administración regional. De esta manera, el edil de la formación naranja ha detallado que la administración regional ha establecido dos líneas de subvenciones para “amortiguar la crisis que están padeciendo estos trabajadores”. Por un lado, se ha aprobado ayudas para el alquiler de 900 euros para autónomos y de 1.200 euros si pertenecen al sector del ocio nocturno e infantil. Para el portavoz de este grupo municipal “es un claro ejemplo de compromiso y sensibilidad, una respuesta clara ante la difícil situación que está atravesando los empresarios de estos sectores”.
El objetivo de estas nuevas líneas de subvenciones es favorecer el sostenimiento de la actividad de todos estos negocios que, como ha explicado Vargas, “han visto mermado sus ingresos drásticamente, provocando que para muchos la situación sea insostenible”. En el caso de los autónomos de los sectores del ocio y esparcimiento, incluido el infantil, se valora las pérdidas económicas que están sufriendo por el cierre continuado de sus negocios para incrementar la ayuda destinada al colectivo con carácter general.
Estas dos líneas están presupuestas con 7 millones de euros, la que va dirigida a trabajadores por cuenta propia, y con dos millones de euros la destinada al sector de esparcimiento y establecimientos recreativos infantiles, “no obstante, este presupuesto inicial se podrá ampliar en el caso de que se agote la ayuda y sin necesidad de abrir nuevas convocatorias de los incentivos”, ha aclarado el portavoz de Cs en el Consistorio ejidense.
Requisitos para acceder a estas ayudas
Podrán ser beneficiarios de la ayuda los trabajadores por cuenta propia o autónomos con domicilio social en Andalucía, que estén dados de alta en el Régimen Especial de Seguridad Social del colectivo a fecha de 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma. Además, se le exige que se mantengan dados de alta 4 meses más desde la fecha de inicio de la convocatoria de ayudas. También se establece como requisito a los beneficiarios que en el ejercicio fiscal de 2019 las bases liquidables general y de ahorro en el IPRF no superen 5,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 2020 (41.357,74 euros) si presentan declaración individual, o 7 veces el IPREM (52.637,13) si presentan declaración conjunta. Se excluye también a los autónomos societarios.
Para solicitar la ayuda, los autónomos deben ser arrendatarios del local de negocio o establecimiento en el que desarrollan su actividad, y se exige que la fianza se haya depositado en la Agencia de Vivienda de Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Se excluye igualmente aquellos arrendamientos que forman parte de la vivienda habitual del solicitante. En el caso de la línea 2, se mantienen los requisitos mencionados y se establece que su actividad debe estar incluida en los CNAE correspondientes a “establecimientos de bebidas” o “otras actividades recreativas y de entretenimiento”.
Aquellos que quieran beneficiarse de estas ayudas tendrán que hacerlo telemáticamente y tendrán 20 días hábiles a contar desde la publicación en BOJA del extracto de la convocatoria de la línea de ayudas, y esta subvención es compatible con el resto de ayudas que recibe el colectivo, salvo que por el mismo concepto de arrendamiento del local reciban ya una ayuda superior a la fijada de 900 euros.
Vargas ha animado a los empresarios de estos sectores de El Ejido a solicitar esta ayuda “que servirán de impulso para que la hostelería y el ocio nocturno e infantil puedan coger aire, sobrevivir a esta situación y en un futuro próximo volver a convertirse en un generador económico de la ciudad”. Para finalizar, el portavoz ha hecho hincapié en que para aprobar estas ayudas se ha establecido un procedimiento ágil a través de declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos establecidos, y un plazo máximo de dos meses para resolver la resolución.
