El grupo municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Dalías ha denunciado en una nota remitida a este medio que las arcas municipales han tenido que hacer frente a una serie de cantidades derivadas de los despidos declarados improcedentes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la sentencia del pasado mes de junio, y que superan los 120.000 euros.

Según la nota de los populares dalienses, “el ayuntamiento ha tenido que pagar unos 31.000 euros de salarios de tramitación a los trabajadores afectados, pero además ha tenido que devolver al Servicio Público de Empleo (SEPE) otros 35.500 por ser la cantidad percibida por los trabajadores durante el periodo de despido (casi dos años), en concepto de prestación por desempleo. Además el Ayuntamiento está obligado a efectuar en favor de la Tesorería de la Seguridad Social el pago de las cuotas dejadas de ingresar durante el periodo del despido incrementadas con el 20% de recargo, que ascienden a otros 55.500 euros”.

Desde el PP señalan que la gestión municipal que se viene realizando por el gobierno del pacto PSOE-IU está dejando las arcas sin remanentes para hacer frente a cualquier contingencia “y así lo pusimos de manifiesto en el propio pleno de la corporación con motivo de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, aparte de las continuas modificaciones presupuestarias que eliminan inversiones para soportar gastos inicialmente no previstos”.

Desde el Partido Popular de Dalías consideran que la gestión del empleo público “se está llevando a cabo desde el desconocimiento y la improvisación del gobierno daliense, con reiteradas modificaciones y rectificaciones de la RPT municipal, lo que provoca situaciones inaceptables como los despidos declarados improcedentes judicialmente y que nos dejan sin servicios pero con un elevado coste para las cuentas municipales, que incluyen recargos, y en otras ocasiones también intereses.

Los miembros del grupo municipal popular manifiestan su interés de que tales circunstancias no vuelvan a repetirse “aunque mucho nos tememos que si no se reconocen los derechos de los trabajadores pronto tendremos nuevos procesos judiciales en los tribunales laborales”, sentencian.