La Policía Local de El Ejido ha llevado a cabo varias actuaciones en los últimos días contra la ocupación ilegal y la infravivienda en el municipio, operativos en los que llevaba meses trabajando.

De esta forma, el equipo de Gobierno continúa en su decidida labor de evitar la proliferación de infraviviendas, asentamientos ilegales y okupación ilegal, que además de proyectar una mala imagen del municipio y su agricultura, generan marginalidad, empobrecimiento, insalubridad, deterioro urbano y problemas de convivencia y seguridad.

Agentes de Policía Local han desarrollado tres nuevas actuaciones, tratándose la primera de ellas de un desalojo de dos viviendas ocupadas en un edificio en la calle Zorrilla en el barrio de la Loma, donde los moradores de tres casas habían generado numerosos problemas de convivencia con el resto de vecinos. Una vez que él área de Alcaldía y la Policía Local tuvieron conocimiento de los hechos desarrollaron numerosas actuaciones, entre las que destacan la identificación de los ocupas, la colaboración con las empresas suministradoras de agua y electricidad en el corte de suministros ilegales, así como numerosas gestiones para localizar a los fondos de inversión propietarios de las viviendas.

La permanente acción policial y la colaboración de los vecinos ha conseguido que de las tres viviendas ocupadas dos de ellas hayan sido desalojadas y la tercera lo será en los próximos días. Se ha procedido a la colocación de puertas antiokupa y devuelto la pacífica convivencia a la comunidad.

La segunda de las actuaciones se ha desarrollado en el núcleo de Santa María del Águila donde se había detectado que varios inmigrantes habían ocupado un transformador eléctrico sin las mínimas condiciones de seguridad y salubridad, tras la denuncia efectuada por la Policía Local y el expediente tramitado por él área de Urbanismo, se obtuvo autorización judicial para su desalojo y posterior derribo que se llevó a efecto el pasado viernes

La tercera de las actuaciones se ha desarrollado en el paraje La Higuera, donde varios inmigrantes habían ocupado un cortijo que había sido declarado inhabitable por decreto de Alcaldía, tras la denuncia de la Policía Local y los informes del área de Urbanismo y Servicios Jurídicos. Una vez obtenida la autorización judicial se ha procedido a su desalojo y derribo.