El decreto ley, en este sentido, contempla modificaciones en la tributación que afectan
al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras
hidráulicas, el conocido como el canon del agua, que el Gobierno andaluz, como anunció
el presidente, Juanma Moreno, va a eliminar durante el año 2023.
La suspensión del canon del agua va a suponer, sólo durante el año 2023, un ahorro
global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas. Esta medida
no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha e incluso se
podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones
generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la
Presidencia de la Junta de Andalucía, en las que los ejecutivos precedentes no
invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto.
Deflactación del IRPF
Con respecto al IRPF, el Gobierno andaluz ha acordado dos medidas: la deflactación
de los primeros tramos de la tarifa autonómica y el aumento de los mínimos personales
y familiares exentos de tributación. Esta medida beneficiará a todos los contribuyentes,
pero de manera especial a los que tienen rentas medias y bajas. El 82% de los
contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son
los que se van a deflactar.
La intención de la deflactación es evitar, por una parte, que un incremento salarial, que
en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor
tributación para el contribuyente. Y, por otra, mantener fuera de la tributación la parte
de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es
mayor de lo que ha sido en años anteriores.
Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado sobre
variación salarial pactada en los convenios colectivos sitúan, en el mes de agosto, la
subida interanual en el 2,6%. El Gobierno andaluz, anticipándose a futuras subidas de
la inflación, ha elevado esa cifra hasta el 4,3%, que coincide con el incremento interanual
de los costes salariales, según la encuesta trimestral del INE.
De esta forma, se aumentan los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3%
para que el contribuyente no se vea obligado a tributar en un tramo superior por un
incremento salarial motivado por la inflación, pero que no supone un aumento real de la
capacidad de pago.
En este sentido, la deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá dos
consecuencias directas. La primera, que los contribuyentes con rentas más bajas van a
seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente; y la segunda, que
todos aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia
de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.
También se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares
por los que no se tributa en el IRPF, ya que esa parte de la renta, destinada a atender
las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a
consecuencia de la inflación. El Gobierno andaluz considera necesario aumentar estos
mínimos exentos de tributación, para no contribuir al empobrecimiento de la población.
Hay que recordar que, desde 2019, el Gobierno andaluz ha reducido el número de
tramos del IRPF y bajado los tipos impositivos de cada uno de ellos, y ha introducido
deducciones en la parte autonómica del impuesto que no existían (por nacimiento de
hijos, familias numerosas, gastos educativos, donativos a organizaciones ecologistas,
residencia en zonas con problemas de despoblación, adquisición o alquiler de
vivienda...), además de la deflactación contemplada en el nuevo decreto ley.
Impuesto sobre el Patrimonio
El decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno contempla la supresión en la
práctica del Impuesto sobre el Patrimonio mediante la bonificación del 100% de la cuota.
Al tratarse de un impuesto cedido, sólo el Gobierno central tiene la potestad de
suprimirlo.
El objetivo de esta medida es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que
esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de
contribuyentes. Muchos de ellos ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su
residencia fiscal. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus
bienes en todo el mundo.
El Impuesto sobre el Patrimonio representa apenas un 0,6% de los ingresos tributarios
de la comunidad. La bajada recaudatoria por la supresión del Impuesto de Patrimonio
se puede paliar con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF, como ya ocurrió
cuando se bonificó el 100% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para
los parientes de los grupos I y II. Andalucía multiplicó por cuatro en el IRPF la cantidad
que se dejó de recaudar por la supresión de este impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio está considerado una anomalía en países avanzados.
En el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza. El
hecho de que no exista en nuestro entorno inmediato, incluida la comunidad de Madrid,
ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con un freno a la hora de
que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía.
Aplazamientos y fraccionamientos de deuda
Por último, el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Gobierno contempla
también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las
deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta de Andalucía,
hasta 12 años con carácter general.
El objetivo, en línea con el resto de las medidas incluidas en el decreto ley, es dar
facilidades de pago a los contribuyentes, en un contexto de desaceleración económica
como el que nos encontramos. Hasta ahora, el plazo máximo que se venía aplicando,
condicionado a una serie de requisitos, era de diez años.