El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha declarado culpable de un
delito de atentado y otro de amenazas a una mujer que agredió y amenazó a una
profesional del área de Hospitalización del Hospital Universitario Poniente.
En la sentencia, se condena a la agresora, por el delito de atentado, a
un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo; y por el delito de
amenazas, a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo. Además, la condenada deberá asumir el pago de las
costas judiciales.
Los hechos se produjeron en febrero de 2020, cuando la condenada se
encontraba en el centro en calidad de familiar acompañante de un paciente
ingresado e intentó agredir en varias ocasiones a una auxiliar de enfermería
durante el ejercicio de sus funciones asistenciales, además de proferir contra
ella insultos y amenazas.
Desde el momento en que se produjeron los hechos el Hospital
Universitario Poniente ha puesto a disposición de la afectada todas las medidas
de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del
sistema sanitario público de Andalucía, que
incluyen asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. El centro se personó
además como acusación particular en el procedimiento judicial.
La agresión física o
intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su
función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de
atentado contra la autoridad.
Plan de
Prevención frente a las Agresiones
La Consejería de Salud y Consumo condena cualquier tipo de violencia, tanto
física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo
ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de
actuaciones.
El Plan de
Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía
incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un
protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia.
Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de
seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de
seguridad, etc.) como formación para que los profesionales aprendan a actuar
ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el
plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.