Agentes de la Policía Nacional han detenido en dos localidades de Almería y Granada a cuatro mujeres y tres hombres de nacionalidad marroquí acusados de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Esta banda habría simulado episodios de violencia de género para conseguir permisos de residencia para las mujeres supuestas víctimas de estos hechos. La organización se encargaba de buscar tanto a las benefactoras (supuestas víctimas) como a hombres que se prestasen a ocupar el papel se maltratador, dentro de la comunidad marroquí y en situación irregular. Denominada operación 'Casamenteros', ésta se ha realizado de forma conjunta entre las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril.

La investigación comenzó tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril, de un hombre marroquí al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una mujer también marroquí. La situación había dado origen a un procedimiento penal por violencia de género, en el que él había resultado condenado con su conformidad y, tras haber simulado ambos en un juicio rápido la existencia de una relación afectiva inexistente. De forma paralela la Ufam de la Comisaría de Motril comenzó la investigación de una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes.

La pesquisas realizadas confirmaron la existencia de una organización criminal asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería). Estas personas compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes, que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género, para lo cual debían afrontar el pago de entre 4.000 y 6.000 euros a la organización. Asimismo, la propia organización se encargaba de captar a hombres del mismo origen dispuestos a asumir, previo cobro de entre 500 y 1.000 euros, una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, debiendo protagonizar una agresión física en un local público.

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido, en los que se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la organización criminal y documentación (denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género). Además, los agentes encontraron numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos, que demostrarían pagos a la organización y distracción de los beneficios económicos obtenidos.

Como consecuencia de este trabajo se ha procedido a la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Granada y Almería ser víctimas de violencia de género. Las sentencias dictadas en conformidad han otorgado ilegalmente derecho de residencia a favor de ellas. No obstante, dichas residencias serán extinguidas a instancia de la UCRIF1 de Granada.

Los tres principales investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Motril, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.