El Pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado dos mociones, la primera, a favor de proteger la igualdad de todos los españoles y, la segunda, contra la tramitación de una Ley de Amnistía. Ambas mociones no han contado con el respaldo del Partido Socialista que ha votado en contra.
El alcalde, Francisco Góngora, ha puesto de relieve que “traemos estos puntos al pleno porque no es un tema baladí, nos afecta a todos y nos preocupa a los ciudadanos”. “Pedimos que se tenga en cuenta el principio de Legalidad y de Igualdad, que se respete la separación de poderes y que no se ceda al chantaje de los independentistas”. “Se está permitiendo que sea decisión de una minoría la formación de gobierno con lo que ello conlleva, una amnistía y un derecho de autodeterminación, siendo inconstitucionales”. Al tiempo que Góngora ha alertado del “peligro de los populismos”.
En cuanto a la moción relativa a la Igualdad de Todos los españoles, durante la sesión plenaria se ha pedido el pronunciamiento sobre el rechazo a cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a los dispuesto por la Constitución española. También que se sumen a proponer un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos, la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un paco por el agua y un pacto territorial y que todos “reclamamos al Gobierno que garantice un marco de financiación de Ayuntamientos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad”.
Asimismo, en lo relativo a la moción contra una Ley de Amnistía, Francisco Góngora ha incidido en que desde el equipo de Gobierno “mostramos el rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado”. “Los partidos mayoritarios deben buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de unos pocos”.
Por último, ha pedido “que se respete el artículo 2 de la Constitución” y ha recordado que “el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular como establece el preámbulo de la Constitución a todos los poderes su cumplimiento”.ç
Actualización de las ordenanzas fiscales
Durante el Pleno también se ha aprobado la modificación de diversas ordenanzas fiscales para
cumplir con las exigencias normativas como, por ejemplo, la reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el año 2024, actualizando el tipo de gravamen,
de forma que el padrón mantenga su valor nominal.
En los estudios
previos realizados a la vista de los valores catastrales de la ponencia realizada
por la gerencia de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, se
estableció una pérdida recaudatoria de cerca de 6 millones de euros, lo que
suponía tener que actualizar el tipo de gravamen incrementando la cuota del año
anterior un 3,8%. Tras los datos definitivos, esta actualización que ha
realizado el Ayuntamiento ha sido solo del 2,9% a pesar de que el incremento
del IPC se ha situado en un 13,4%, al haber asumido en los ejercicios
anteriores este impacto con los remanentes de tesorería.
El
concejal de Hacienda ha explicado que “todos los informes técnicos señalan que
en el año 2024 la Unión Europea vuelve a activar las reglas de gasto por lo que
los remanentes solo podrán utilizarse para la amortización anticipada de deuda
y no para el sostenimiento de los gastos e inversiones como se ha podido hacer
en años anteriores”.
Asimismo,
ha asegurado que “es radicalmente incierto que se haya producido una subida del
30% puesto que no puede compararse el tipo de gravamen de 2023 y 2024 si no la
cuota que efectivamente ha recaudado el Ayuntamiento y va a recaudar en
próximos ejercicios”.
La
modificación de los valores catastrales, que bajan una media del 24%, supone
que no se puede incrementar el tipo de gravamen de forma lineal, sino que ha de
calcularse a la nueva base imponible del impuesto.
La
elaboración de una nueva ponencia y valoración catastral por parte del
Ministerio de Hacienda ha venido a actualizar unos valores que se habían
mantenido invariables desde el año 2004 lo que “supone cumplir con el principio
de capacidad económica y redistribución de la carga fiscal pagando cada vecino
con arreglo a su poder adquisitivo real. Es una cuestión de justicia
tributaria”.
Estas
medidas van a suponer que el 50,5% de los recibos del año 2024 sean inferiores
a los de 2.023. Así, más de 24.000 recibos encuentren una bajada de su cuota de
hasta 50€, más de 4.600 reducciones entre 50 y 100 euros; 2.254 recibos una
bajada de entre 100 y 200 euro; 1.300 una bajada de entre 200 y 500; y otros
737 recibos se beneficiarán de una reducción de más de 500 euros, lo que supone
Del mismo modo,
el Pleno ha aprobado la actualización al IPC de distintas tasas, precios
públicos y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Rivera ha puntualizado que
“el esfuerzo que hemos realizado durante estos últimos años financiando gastos
corrientes con remanentes de tesorería, cuando las reglas de gasto nos lo han
permitido, ha supuesto que el Ayuntamiento haya asumido en 2023 íntegramente la
subida del IPC y en 2024 solo tener que actualizarlo en un 5,2% en lugar del
13,4% que hubiese correspondido, por efecto de la inflación como consecuencia
de la Guerra de Ucrania y de la crisis energética”.
También,
durante la sesión plenaria, se ha actualizado la Ordenanza Reguladora de
Recogida de Basuras como consecuencia del impuesto medioambiental aprobado por
el Gobierno Central sobre ‘El depósito de residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de residuos’, que entró en vigor el 1 de enero
de 2023, que supone un incremento del 1.5 del coste del servicio. La propia
norma del Estado establece la repercusión al usuario de estos costes, lo que ha
motivado la actualización de dicha ordenanza.
El alcalde ha
recordado que “este Ayuntamiento lejos de subir los impuestos ha bajado la
presión fiscal al ciudadano al no haber repercutido todas las subidas de IPC
desde el año 2012 gracias a una buena gestión económica y a la aplicación de
criterios, pero manteniendo la calidad de los servicios públicos”