Agentes de la Policía Nacional en Vélez-Málaga, con la colaboración de las Brigadas Locales de Extranjería y Fronteras de El Ejido, han detenido a cuatro personas por dedicarse, presuntamente, a realizar labores de captación de extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España. En la actualidad se hallaban empadronadas 173 personas, 153 de ellas mujeres, en una superficie de 136 metros cuadrados. 

Uno de los arrestados es el propietario de la finca en el municipio malagueño en la que registraron a más de un centenar de empadronamientos fraudulentos, cobrando por cada uno de ellos entre 300 y 700 euros.

Los otros tres detenidos fueron localizados en la provincia de Almería, siendo uno hallado en el municipio de El Ejido, según trasladan a D-CERCA fuentes de la Policía Nacional en Málaga. 

Este es el resultado de una operación policial llevada a cabo en 2022 que pretendía poner fin a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio de Vélez-Málaga, se localizó una finca que carecía de los permisos necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia. Inspecciones posteriores denotaron que la propiedad, con tan solo 136 metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba con un elevado número de personas empadronadas, llegando a registrar en el momento actual 173. 

Ante estos datos, los agentes realizaron numerosas gestiones con las administraciones a fin de identificar a las personas que realmente residían en el lugar. De todos los empadronados 153 resultaron ser extranjeros y sólo 12 habitaban allí en la actualidad. 

Las informaciones recabadas pusieron de manifiesto que muchas de las personas empadronadas nunca habrían morado en la finca. Principalmente, ciudadanos extranjeros, de origen marroquí y senegalés, que eran captados en la provincial de Almería por intermediarios y que habrían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa. 

La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.