El Ayuntamiento de El Ejido, en el último pleno del año, ha aprobado de forma definitiva la actualización de algunas de sus ordenanzas fiscales relativas a tasas, precios públicos y el Impuesto sobre Actividades Económicas en base a los datos acumulados del IPC, pero aplicando menos de la mitad de la inflación generada, en concreto se han actualizado en el 5,2%, en vez del 13,4% que hubiera resultado de aplicación.      

Esta actualización deriva de las obligaciones que el Ministerio de Hacienda impone al Ayuntamiento de El Ejido desde el año 2012 por estar sometido al plan de ajuste en vigor, a distinta normativa que obliga a que los servicios se financien íntegramente por los usuarios de los mismos, y a la propia estabilidad financiera del Ayuntamiento, que no puede incurrir en déficit. Estos dos últimos años el ayuntamiento ha tirado de remanente de tesorería para hacer frente a los desajustes producidos por la volatilidad de los precios, pero una vez estabilizada la situación, se hace necesario actualizar los ingresos públicos para que financien el coste de los servicios, que no pueden incurrir en déficit.        

No obstante, si bien la inflación desde el último periodo de actualización, según el Instituto Nacional de Estadística, ha sido de un 13,4%, este Ayuntamiento ha contenido el impacto de una inflación desorbitada y solo ha trasladado un incremento del 5,2% pues aquella inflación no respondía a un periodo de crecimiento económico de la sociedad si no a causas como la crisis energética o la crisis derivada de la Guerra de Ucrania; y      

El alcalde ha explicado que “tenemos que ser serios, responsables y rigurosos y no podemos poner en peligro la prestación de los servicios públicos, por ello actualizamos lo estrictamente necesario, muy por debajo del IPC, para seguir prestando estos servicios y evitando al máximo las actualizaciones”.        

Góngora ha puesto de relieve que “no hay ni un solo Ayuntamiento que pueda ni legalmente, ni presupuestariamente, ni en cuanto a la viabilidad del servicio soportar un incremento de costes como el actual”, al tiempo que ha deseado que “ojalá el coste de la energía se normalice y podamos volver a bajarlo”.        

Esta actualización se aplicará a tasas y precios públicos minoritarios y de cuantías, por lo general escasas, y atienden, solo y exclusivamente, a la subida de costes de los servicios.        

En el mismo pleno se ha adoptado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias para el ciclo integral del agua en el municipio de El Ejido con la que se pretende adecuar las tarifas por abastecimiento de agua que se han visto incrementadas por el incremento en la compra de agua desalada a ACUAMED y el aumento de los costes energéticos en el servicio de aguas.        

Las tarifas por abastecimiento de agua potable se han mantenido sin alteración desde el año 2018 en El Ejido, soportándose por parte del Ayuntamiento los aumentos de costes a lo largo de estos ejercicios. No obstante, la reactivación de las reglas fiscales y los aumentos de costes por el uso de agua desalada y los costes energéticos obligan a poner al día las tarifas. De manera que esta tarifa debe actualizarse para recuperar el equilibrio económico que se ha perdido después de varios años sin actualización, algo que es obligado por ley, pues la prestación de servicios mediante precios públicos debe financiar la totalidad del coste del servicio público correspondiente, y para ello, la cuenta de explotación del servicio queda equilibrada, entendiendo por equilibro la ausencia de déficit. De esta forma, para una familia de dos miembros supondrá un incremento de 1,7 euros mensuales y para una de cuatro miembros de 3,38 euros al mes.      

Rivera ha remarcado que “debido a la entrada en funcionamiento de la desaladora del campo de Dalias y la obligación de consumir agua desalada para el abastecimiento la tarifa se revisó con una importante subida en 2018; en aquel momento el agua desalada, al margen de la parte fija que se factura por la amortización de las infraestructuras, en su parte variable se fijó el coste del metro cúbico adquirido a 0,353921€. En 2019 sube hasta los 0,384528€/m3; en 2020 mantiene prácticamente el mismo precio, 0,380878€/m3; en 2021 baja un poco, pero vuelve a precios similares al 2018, en concreto a 0,346801€/m3, pero con la crisis energética a partir de enero empieza a subir de forma drástica, situándose en el mes de enero en los 0,93234€/m3. En diciembre de 2022 se facturaba a 0,93234€/m3 y alcanza su tope de precio en enero de 2023 subiendo hasta los 1,122763€/m3, multiplicándose la cifra por tres”.      

Y no es hasta a partir de abril de 2023 cuando vuelve a bajar una vez algo estabilizado el precio de la energía, y se establece en 0,73738€/m3 que es el precio al que se factura actualmente. Una cifra que previsiblemente se va a mantener por parte de ACUAMED durante 2024.          

Rivera ha puesto de manifiesto que “los costes de energía, agua desalada, alquiler de vehículos y personal se han ido elevando cada año por el incremento del coste de la vida y por las circunstancias coyunturales que atraviesa Europa, donde además de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, se está librando una guerra en Ucrania por parte de Rusia, lo que ha provocado una inflación muy elevada, que ha llevado los precios, sobre todo de la energía, a cotas nunca vistos, provocando un enorme encarecimiento de la energía que ha arrastrado al coste del agua desalada a precios muy elevados, un bien del que dependemos”.        

Sobre la importancia del agua, el alcalde ha recordado que “es necesario que el Gobierno de la Nación haga la ampliación de la desaladora, construya una nueva planta e incorpore energías para estabilizar los costes energéticos porque necesitamos el agua”.        

Este es el primer trámite en el procedimiento de aprobación de la modificación de la ordenanza que estará expuesta al público por un periodo de 30 días para presentar cuantas alegaciones sean necesarias. No obstante, las nuevas tarifas no podrán entrar en vigor hasta que el órgano competente en materia de autorización de precios de la Junta de Andalucía de el visto bueno y apruebe la modificación propuesta por este Ayuntamiento que, previsiblemente, podría ser para el segundo semestre de 2024.