“Construimos casas ofreciendo la máxima calidad en los materiales y eligiendo ubicaciones excepcionales a través de un servicio basado en lo más importante, nuestro cliente”. Con estas palabras, la inmobiliaria Grupo 21, con sedes en Aguadulce y Almería, invitaba a los compradores a hacerse con un piso de sus 18 promociones de obra nueva en esta provincia y las vecinas Granada y Murcia. Así, un millar de personas llegaron a ellos, esperanzados ante la perspectiva de una vivienda mejor a buen precio.        

Sin embargo, esta ilusión empezó a desmoronarse el pasado verano. Como explica a D-CERCA Alejandra Parente, directora del área inmobiliaria de El Defensor de Tu Vivienda, en estas fechas llegaron a su despacho los primeros clientes afectados por la cancelación de una promoción. “A raíz de ahí comenzamos a investigarlos, nos dimos cuenta de que eran insolventes, y que no tenía capacidad económica para devolver estos importes a los compradores”.        

“Fue entonces cuando comprobamos el modus operandi”, explica la letrada. “Ellos ofertaban los pisos a precios atractivos para los compradores, les hacían firmar un contrato de reserva por el que aportaban cierta cantidad, pero luego no adquirían los terrenos ni conseguían las licencias para construir”.  Además, concreta, a algunos compradores los hicieron firmar el contrato de compraventa, lo que los obligaba a hacer una nueva aportación, que variaba según el caso. De esta forma, cerca de un millar de personas entregaron entre 10.000 y 60.000 euros, que nadie sabe dónde están ni para qué se han usado.        

“Una oportunidad"     

Esta es la historia de Rafael Pérez Sarmiento, un profesor de instituto prejubilado por covid persistente de Armilla (Granada), que vio en la promociones de Grupo 21 la posibilidad de  una vejez tranquila en Roquetas de Mar: 150 metros construidos, con garaje, trastero, terraza, grandes dormitorios... Todo por 140.000 euros. “No nos lo creíamos, pero vimos la oportunidad”, relata para este medio. Antes de firmar el contrato la empresa le presentó un aval, lo que lo tranquilizó, aunque fuera de una empresa portuguesa. Sin embargo, como explica Parente, esta entidad carecía de permiso para operar en España. Es por eso que desde El Defensor de Tu Vivienda, en representación de 400 afectados, han decidido actuar por lo civil contra las entidades bancarias que permitieron actuar a la promotora por lo que, consideran, “un incumplimiento de su deber de vigilancia”.        

Sin aval      

“Cuando llegaron las primeras noticias, al poco de firmar”, cuenta Sarmiento, “me dijeron desde la promotora que estuviera tranquilo, que estaba todo en tiempo y forma, pero para la fecha estaría. Pero en diciembre la situación explotó y desde entonces no me coge el teléfono ni me responden a los mails”. Este ex profesor se comunicaba con Mara García, directora de ventas de la oficina en Aguadulce.        

Contactada por este medio, García se niega a hacer declaraciones y se remite a los administradores de la empresa CJDE FAM 2016, bajo la que operaba Grupo 21. Estos son la pareja formada por Francisco Manuel Torres González y Catalina Cruz Jimera. Según informa El País, Torres fue condenado en 2011 por apropiarse de 11.000 de un primo suyo para formar una compañía, que nunca llegó a operar.        

Actualmente ambos están en búsqueda por la Guardia Civil, tras aceptar el Juzgado de Instrucción 1 de Granada la querella penal presentada por el abogado granadino Javier Ortega Pardo, de LEXForma que busca su imputación por estafa y apropiación indebida.        

“Yo quería vivir en Roquetas, dejar el piso en Granada para mis hijos, y envejecer y morir allí”, se lamenta Pérez, “parte de mis ahorros han ido a esa vivienda. Yo ya me veía caminando por el Paseo Marítimo con mi mujer”.      

Al profesor prejubilado esta experiencia la ha provocado “noches enteras sin poder dormir, nervios, estrés… Hay días en los que no me puedo ni levantar. Como no tengo otra cosa en la mente, me paso los días pensando en Grupo 21 e intentando contactar con ellos”, sin éxito. Al contrario, como señala la letrada Parente, “ahora no hay ni dinero, ni viviendas”.

Francisco Lirola