Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, dedicada a la importación de cocaína desde Sudamércia a España. La banda fue localizada a principios del pasado mes de mayo, como ya adelantó D-CERCA, en una nave agrícola de El Ejido, con 220 kilos de cocaína procedente de Brasil. 

Como explica ahora la Agencia Tributaria, en la denominada operación Crocus han resultado arrestados seis miembros de la red como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública. Cuatro de ellos se encontraban en El Ejido, y los otros dos en el municipio toledano de Madridejos. 

Según el atestado judicial, al que ha tuvo acceso este medio, el cargamento de estupefacientes habría comenzado su viaje hasta el Poniente almeriense en el puerto de Salvador de Bahía (Brasil), desde donde atravesaría el Atlántico a bordo de un buque hasta llegar a Algeciras (Cádiz), partiendo entonces en dirección al almacén sito en El Ejido donde fue encontrado. Los agentes llegaron a este lugar tras comprobar que no correspondía con el destino legal declarado, por lo que procedieron a realizar un registro en el que encontraron la sustancia estupefaciente oculta entre la carga legal, concretamente dentro de estructuras metálicas. Cada estructura metálica ocultaba diez paquetes de clorhidrato de cocaína, de forma que en las 20 estructuras metálicas que se encontraban en el almacén se rescataron un total de 200 paquetes, que arrojaron un peso de 220 kilos que en la calle alcanzarían en total un precio de 6.637.198,40 euros. 

Los detenidos están acusados de un delito contra la salud pública por su supuesta participación en el transporte de la droga y pueden enfrentarse a penas de prisión de entre tres a seis años, así como a una multa del triple del valor de las sustancia objeto del delito. Entre ellos se encuentran el conductor del camión, el propietario de la nave y los dos ocupantes de una furgoneta que llegaron al lugar para retirar la sustancia estupefaciente oculta. El dueño del almacén finalmente quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 50.000 euros y con el compromiso de comparecer cada quince días en dependencias judiciales. 

Francisco Lirola