El Club Náutico de Balerma y la Mesa de trabajo siguen en su labor de presionar a las Administraciones Públicas competentes en dar solución al grave problema de regresión del litoral balermero, y para ello han redactado una denuncia en forma de queja formal ante el Defensor del Pueblo, en este caso a nivel nacional dado que es el órgano que interviene en los asuntos que afectan a materias en las que debe afrontar el Gobierno de España su ejecución. En este caso dar una solución estructural y estabilizadora a la costa de Balerma le corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y por ello acuden a este órgano que ampara a la ciudadanía cuando las Administraciones y sus autoridades no cumplen.      

En esta línea de trabajo, serio y constante que vienen realizando desde primavera de 2021, vuelven a prepararse jurídicamente con datos para denunciar los incumplimientos y la inactividad en el impulso de las actuaciones para aportar soluciones que recuperen las playas de la localidad ejidense. Así le han hecho saber al Defensor del Pueblo que los estudios y proyecto que vendrían a dar la solución tan esperada, acumula casi un año de retraso y no se sabe nada de la situación de la misma, por lo que advierten en su escrito de queja, que además corre riesgo la financiación de fondos UE a la que podría acogerse, ya que la estrategia para la protección de la costa de Almería contemplaba el reconocimiento del tramo de playa de Balerma como prioridad a corto plaza, debido al estado de regresión que presenta, y para ejecutar dicho instrumento de planificación para el litoral, el Gobierno de España incorporó en el compartimento nº5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una partida de 269 millones de euros destinados a implementar las estrategias de protección de la costa para la adaptación al cambio climático, y ello se prevé para una temporalidad de 2021 a 2023, que al parecer se ha ampliado hasta final de 2024. Por ello el portavoz de la Mesa de Trabajo, José Antonio Peña apuntaba, “Lo que nos preocupa es que ni tan siquiera tenemos estudio y proyecto finalizado y los trámites ambientales pueden durar más de 2 años”, a lo que añadía “sabemos que el presupuesto normal del Estado para actuaciones de esta envergadura es de 25-30 millones de euros al año para todo el país”, por lo que temen que si se dejan pasar los fondos Next Generation, la playa de Balerma siga eternamente recibiendo aportes de arena hasta que llegue un temporal fuerte y tengan que ver una desgracia.        

Acudir a la Comisión Europea.              

Desde este colectivo se está valorando acudir al órgano de gobierno de la UE, como es la Comisión Europea, debido a la inactividad del gobierno de España sobre la aplicación de los fondos recibidos para implementar la estrategia de protección de la costa, en este caso en cuanto afecta al tamo de Balerma, ya que el retraso que lleva el estudio y posterior proyecto afecta de forma muy negativa a los intereses de los ciudadanos e incumple con el propósito y objetivo que tiene dicho instrumento que fue pagado con fondos UE.