Todos
los que conocimos la granizada del pasado 28 de octubre de 2024 sabemos que en
ese momento las cosechas estaban a punto de recolección y había toneladas de
verduras en las que se había invertido mucho dinero para poder comercializar en
los mercados internacionales. Tras la nefasta caída de hielo en apenas
media hora muchas de esas toneladas se quedaron en el suelo, no se pudieron
comercializar y algunos de los invernaderos que cubrían esas cosechas se
vinieron abajo y ya no se pudo recolectar nada de lo que quedó bajo la
estructura hundida. Por otra parte, muchas cubiertas de plástico
quedaron absolutamente destrozadas y otras seriamente dañadas, aquellas que no
se cambiaron inmediatamente estuvieron provocando efectos negativos en la
cosecha que quedó y en las posteriores que hubo en esos invernaderos,
provocando considerables pérdidas por la falta de cobertura de un plástico en
perfectas condiciones.
Todo
esto analizado por el Gobierno da para decirnos que las pérdidas solo
alcanzaron el 17 por ciento y no el 30 que es el mínimo necesario para que se
produzca una reducción en los módulos fiscales que se aplica en la declaración
de la renta que afecta a los agricultores. No entiendo bien, desde mi
punto de vista de informador, cuáles han sido los parámetros que se han seguido
para llegar a esta conclusión, pero coincido abiertamente con Andrés
Góngora, secretario general de COAG, que en este caso y habida cuenta de
lo que sucedió aquel 28 de octubre y lo que ha venido sucediendo desde aquel
momento en otras partes del país, ha faltado sensibilidad para aplicar un
criterio político y no técnico a la decisión de ayudar a estos agricultores que
tanto aportan a la arcas públicas todos los años.
Todos
sabemos que el dinero que se destina a la agricultura en subvenciones y ayudas
producen unos beneficios fiscales enormes al Estado en forma de
impuestos. La agricultura de Almería está en continua evolución y cada
vez produce más, lo cual significa que el pago a la Agencia Tributaria cada año
es mayor. Si de todos es conocido y esto es así, no termino de entender
cuál es el miedo o la reticencia que pueda tener el Gobierno central en adoptar
un acuerdo político para ayudar a unos agricultores que sufrieron el azote de
aquel granizo con tamaños de bolas de golf.
Luego
cuando vierten las aplicaciones de unos y de otros acusándose a ver quién ha
dado menos a los agricultores resulta lamentable escucharlos porque no tenemos
muy claro que el primer sector económico de la provincia de Almería es la
agricultura y que en torno a ella se mueve una provincia que está evolucionando
continuamente y donde existen miles de trabajadores que viven del resultado de
los invernaderos.
¿No
sería más razonable que nuestros representantes políticos compitieran por
aportar soluciones que ayuden a nuestros productores a recuperar lo perdido con
una inesperada granizada que no se ha dado nunca desde que hay invernaderos?
Parece que esto es mucho pedir y nos vamos a quedar en aquello de que “la culpa
la tiene el otro”.
Tenemos
asumida la idea de que los agricultores ganan mucho dinero y eso no es así. Los
productores mueven mucho dinero en una agricultura vanguardista muy activa y en
la que es necesario invertir mucho capital, lo cual no significa que estén
cubiertos en todo tipo de contingencias. El granizo de aquel 28 de octubre
quitó a algunos agricultores su trabajo.
D-CERCA