Un fondo buitre, con el beneplácito de la Sareb, amenaza los hogares de 53 familias del Edificio Vistaverde en Aguadulce. Así lo denuncia a D-CERCA el presidente de la comunidad de vecinos, Javier Rodríguez, que no duda en calificar la operación de “especulación mafiosa”.        

La construcción     

Como muchas historias de desastres en este país, esta comienza con la debacle financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria.        

“El edificio lo levantó una constructora local”, explica Rodríguez, “que lo puso a la venta antes de terminar los acabados”. Con la llegada de la crisis, no llegaron a terminarlo y, como no podían venderlo, la empresa creó una sociedad pantalla para gestionar los alquileres. En ese momento, “el edificio se fue llenando de inquilinos, con su contrato, su boletín de luz, de agua, con todo lo que debe tener”, cuenta el representante de los vecinos.         

Al dejarlo a medias, Vistaverde sufría de muchas carencias, “no teníamos ascensor, y en muchas viviendas faltaban enchufes, grifos, puertas o calentadores”. que tuvieron que arreglar los propios inquilinos. Para las zonas comunes, decidieron registrar su propia comunidad de vecinos, con la que, poco a poco, “como hormiguitas”, comenzaron a adecentarlas: contrataron el servicio de limpieza, de los extintores, el ascensor...        

Todo aquel esfuerzo pareció desmoronarse cuando descubrieron, casi de casualidad, que la constructora que gestionaba sus alquileres había vendido el edificio a la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, fundada en 2012 para, en principio, gestionar los bienes de entidades bancarias en proceso de reestructuración o resolución.        

“Fuimos al juzgado a informarnos”, cuenta el presidente de la comunidad, “queríamos saber si podíamos seguir pagando nuestro alquiler como siempre”. La respuesta que recibieron fue que no constaban oficialmente en ningún lugar. Y que buscasen a un abogado.        

En este caso, Javier, de forma individual pero representando a todos los vecinos, acudió a un juicio en el que la Sareb pedía su desahucio inmediato, algo que el juez evitó al considerar que era un inquilino con todas las de la ley, tras presentar un contrato de alquiler, recibos y su padrón.        

“Ninguneados"   

A pesar de contar con esa sentencia firme, la historia no acabó ahí.        

Después de aquello, la Sareb les hizo llegar un burofax en el que les ofrecía la posibilidad de un alquiler social a aquellos en riesgo de vulnerabilidad social, a lo que todos los inquilinos se acogieron.      

Meses después, y sin que ningún técnico acudiera para acreditar la vulnerabilidad, llegó otro burofax de similar contenido, por lo que repitieron el proceso.        

Sin embargo, les llegó un tercer comunicado del banco malo, acusándoles de haber hecho caso omiso a los anteriores y anunciando que iniciaban un proceso judicial contra los inquilinos.        

Tras aquello, fue cuando descubrieron que sobre el edificio ya pendía una orden de lanzamiento con fecha del 12 de agosto  e 2024, fijando el desahucio para el 5 de junio de este año. Y que, además, el inmueble ya había sido adquirido por un fondo de inversión. “Nos han mareado y hecho perder el tiempo”, sentencia Rodríguez, “nos están ninguneando y chuleando”.        

“No somos okupas, ni queremos vivir por la cara, ni que nos lo regalen”, reclama el representante de la comunidad. Ahora, después de que la noticia haya saltado a los medios de comunicación, el lanzamiento se ha aplazado, pero Rodríguez no puede mostrarse optimista. “Me temo que dentro de un tiempo nos echarán a al valle, y el edificio se convertirá en apartamentos vacacionales con los que cobren 200 euros por noche, haciendo negocio, echando a la puta calle a 53 familias”.        

Pero los vecinos de Vistaverde no se irán sin intentarlo todo Al cierre de esta edición, Javier Rodríguez mantenía un encuentro con el subdelegado de Gobierno, José María Martín . Y, este miércoles, 28 de mayo, estarán exponiendo su historia ante el Congreso de los Diputados.          

Reacciones    

Según denuncia la agrupación roquetera de Izquierda Unida y Podemos, la situación de Vistaverde no es única en el municipio, y acusan a los fondos buitre de “contribuir a una crisis habitacional en la que los residentes se ven expulsados por la especulación”.        

“Roquetas de Mar lleva años sumida en una crisis habitacional, en la que los precios del alquiler han subido sin control y cada vez quedan menos opciones para quienes buscan una vivienda estable. Lo que ocurre en Vistaverde es solo un síntoma más de un problema de fondo: el desinterés institucional por garantizar el acceso a la vivienda”, señalaba el portavoz del grupo municipal en el Pleno, Zacarías Lekal. Por su parte, desde el Ayuntamiento roquetero, trasladan que aquellos en riesgo de situación de vulnerabilidad pueden acudir a los servicios sociales en apoyo.

Francisco Lirola