El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas ha acordado el ingreso en prisión provincial, comunicada y sin fianza para una mujer que está siendo investigada por delitos continuados de maltrato animal, estafa y falsedad documental. Ya fue detenida en enero de este año, junto a otra persona, por haber montado una falsa protectora con la que simulaban la venta de cachorros en muy malas condiciones de salud, haciéndolas pasar como adopciones y donativos. Se le impuso, como medida cautelar la prohibición de realizar cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría y comercio de animales, medida que ha incumplido y por la que fue detenida de nuevo el pasado día 16 de junio.

En esta ocasión, el juez ha acordado su ingreso en prisión después de comprobar que continuaba dedicándose, pese a la prohibición y a la causa judicial abierta, al comercio ilícito de animales de compañía bajo la falsa apariencia de diferentes asociaciones y protectoras publicitadas en redes sociales, si bien tomaba algunas precauciones como un cambio de nombre.

Según el auto de prisión, "la actitud demostrada por la investigada desde que se inició la causa no viene sino a evidenciar una absoluta impudicia y un descaro relativo al cumplimiento de las normas y de los mandatos judiciales". Tal falta de respeto a las normas de convivencia social, indica, "no se reconduce con pronunciamientos cuya efectividad dependa, aun parcialmente, de la buena voluntad de la investigada", por lo que "únicamente la adopción de medidas de carácter más coercitivo puede contribuir a cesar dichas actuaciones".

En este sentido, recuerda que ha estafado a un elevado número de personas que, de buena voluntad y creyendo en que la investigada actuaba con ánimo de ayudar a los animales, "confiaron en ella, le entregaron cantidades de dinero que pensaron encaminadas a sufragar gastos veterinarios de dichos animales y, en ocasiones, se desplazaron cientos de kilómetros para recogerlos".

Además, explica que a lo largo de la causa ha resultado acreditado que, pese a presentarse como una persona amante de los animales y dedicada a su protección, su única intención era lucrarse, puesto que los animales se encontraban en pésimas condiciones de higiene, originariamente en un piso sin ningún tipo de control y cuidado, presentando algunos de ellos enfermedades (como el parbovirus) para las que dichas condiciones resultaban, precisamente, contraproducentes, tal y como se le indicó por parte de los veterinarios. La situación de los animales era tan precaria que al menos en nueve ocasiones los animales fallecieron al poco de ser entregados a sus nuevos dueños.

Y por último, explica, como fundamento para adoptar la decisión del ingreso en prisión que a la investigada "le ha resultado completamente indiferente haber estado detenida, que se le esté investigando en un proceso judicial y que se le haya prohibido realizar actividades con animales. Ella ha continuado adelante con su actividad, tomando algunas precauciones adicionales (a todas luces insuficientes) para ocultar la misma, como, por ejemplo, emplear el nombre de una tercera persona"". Así, la investigada ha demostrado que las ordenes judiciales no suponen para ella más que pronunciamientos vacíos de contenido, sin ningún tipo de implicación personal o atadura", motivo por el que sólo cabe medidas más coercitivas. 

El 75% de los animales fallecían

En la investigación anterior, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Almería, los agentes averiguaron que esta mujer, y otra persona detenida junto a ella en el operativo, vendían cachorros haciéndolo pasar por adopciones a través de varios perfiles en redes sociales. En los anuncios se detallaba que los gastos de adopción eran asumidos por el adoptante, suponiendo un importe de 250 euros de media, con los que cubrían, presuntamente, los gastos de identificación, exploración veterinaria, vacunación y desparasitación, debiendo el adoptante abonar aparte el transporte del animal. Los pagos se realizaban a través de la plataforma Bizum y Una vez ingresado el dinero en la cuenta de los colaboradores, estos procedían a su reintegro a la ahora presa, convirtiéndolos en efectivo.

La supuesta asociación protectora de animales no estaba legalmente establecida, tratándose por tanto de una particular que, por un lado, criaba animales en una vivienda, sin autorización administrativa ni instalaciones adecuadas para ello, generando problemas de insalubridad en el edificio y manteniendo a los animales en condiciones deplorables, sin aplicar los tratamientos veterinarios necesarios y permitiendo el contagio de enfermedades infecciosas entre los mismos. Por otro lado, también obtenía animales de proveedores que creían entregar ejemplares a una protectora, consiguiendo así lucrarse de las adopciones que se llevaban a cabo.

En unos casos, el animal no llegaba a su destino, porque directamente no lo enviaban. En otras ocasiones, los 'adoptantes' recibieron al animal, pero las condiciones en las que el era entregado no eran las indicadas. En la mayoría de las ocasiones en los que se eso pasaba, el deteriorado estado de salud de los mismos hacía que no sobrevivieran, aplicando en varios casos la eutanasia humanitaria tras varios días de ingreso en hospital o clínica veterinaria. Del total de denuncias a las que tuvieron acceso los investigadores, los perros murieron a los pocos días después de ser entregados, en más de un 75% de las veces. 

Por estos hechos llegaron a acumular un total de 25 denuncias, aunque los investigadores tienen conocimiento de que el número total de afectos podría rondar el centenar de personas. 

De esta forma, la líder de la trama podría haberse apropiado de un botín superior a 25.000 euros, solo en 2024. Ese dinero nunca se invirtió en el cuidado y bienestar de los animales. 

Los agentes rescataron a una decena de perros, que fueron resguardados en las instalaciones de la protectora SOS Adopta en la localidad de Pechina.

D-CERCA