Es inevitable a
los que somos ejidenses que no nos venga a la memoria los acontecimientos que
tuvieron lugar en el año 2000 a raíz del asesinato de una chica el 5 de febrero
de ese año en Santa María del Águila. Aquellos enfrentamientos nos
demostraron que la violencia en estos casos solamente sirve para seguir
empeorando las cosas porque después de aquello todo lo que se auguraba que iba
a suceder con una considerable tendencia a ir a peor no sucedió, no se cumplió
para sosiego de todos.
No obstante,
dicho esto, el mensaje está claro, aquellos que se quieran tomar la justicia
por su mano en algún acontecimiento desagradable que haya tenido lugar en
tierras murcianas mejor que vayan olvidando el odio y se ciñan a lo que las
autoridades y la Justicia ordenen estos casos, ahorrarán tiempo y problemas.
Aún así, me
gustaría referirme a las palabras del ministro Fernando Grande-Marlasca con las
que ha culpado a Vox por sus mensajes de lo que está sucediendo en la Región de
Murcia. Me parece un hecho deleznable, cuando menos, que el ministro se
olvide de todo lo que no ha sido capaz de hacer para controlar la llegada de
personas de otros países. Igualmente me parece criticable que esté hábil y
rápido para aprovechar el momento, las circunstancias y los hechos en beneficio
de su propio Gobierno que se encuentra en estos instantes en la peor coyuntura
posible desde que empezó la legislatura.
Es evidente que
una inmigración controlada puede dar unos resultados totalmente distintos tanto
para la población autóctona como para los que llegan. Es cierto que
muchos de los que vienen por primera vez son pobres cargados de necesidades y,
como cualquiera en esas circunstancias, es posible que los primeros alimentos
los consiga delinquiendo. Dada tal circunstancia lo deseable es estar atento a
esas personas y no que deambulen sin control por cualquier lugar del territorio
español como está ocurriendo en estos momentos. El Gobierno de España
tiene la mala costumbre de centrar la responsabilidad en aquellos que le parece
bien. Para muestra lo que está sucediendo con las inspecciones de trabajo
en la agricultura almeriense. Si la Inspección de Trabajo encuentra a un
trabajador inmigrante en un invernadero sin la debida documentación el
agricultor es sancionado, el ministro que ha permitido que el inmigrante
esté en suelo español buscando trabajo sin la debida documentación no le pasa
absolutamente nada, el culpable es el agricultor, el inmigrante supuestamente
tampoco y al final lo que se consigue es que sigan viniendo más inmigrantes en
esas mismas circunstancias y nadie es capaz de responder porque no hay una
regulación que evite efectos dañinos y no deseados tanto para unos como para
otros.
La inmigración se está usando como arma política y eso
va a terminar estallando entre todos nosotros. El Gobierno es incapaz de
escuchar la voz del pueblo que pide regulación para evitar marginalidad y
aquellos que vengan a colaborar serán tratados igual que los autóctonos, ni más
ni menos y si el que delinque es de aquí, pues que lo pague exactamente igual
que si fuera de allí.
D-CERCA