Un conflicto entre la la Guardia Civil y la Policía Local de Roquetas de Mar obliga a los beneméritos roqueteros a tener que recorrer largas distancias, a veces de hasta cerca de 300 kilómetros, para poder dejar a los detenidos bajo custodia. Es una situación que está denunciando la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería. 

Como explica el secretario provincial de la organización, Víctor Vega, hasta ahora, eran los municipales los encargados de la custodia de los detenidos desde que la lectura de sus derechos hasta que se ponen a disposición judicial. Esto se hacía así, debido al mal estado del Puesto Principal del instituto armado en el municipio, que se encuentran "al límite", y a las facilidades que ofrece la sede de la jefatura local, cercana a los juzgados. "Se venía haciendo desde hace años, como en otras localidades de la provincia donde hay sede judicial", explica Vega. 

Así ha sido hasta este pasado mes de junio, cuando desde la Guardia Civil se dieron unas instrucciones a la Policía Local "que no sentaron del todo bien", dando lugar a este corte de la colaboración. Los municipales de Roquetas ahora exigen que haya un guardia civil e custodiando a los detenidos en los calabozos para su custodia, lo que obliga a los agentes a tener que trasladarse a otros municipios, como Adra, El Ejido, Almería o, incluso, Garrucha. "La Policía Local ha decidido apagar el fuego con gasolina", traslada el secretario de AUGC, "no puede ser que para un servicio se puedan hacer 300 km, y que se dejen de hacer patrullas porque estén trasladando a los detenidos a los calabozos, teniéndolos en la localidad".

"Este verano no solo tenemos el problema de falta de instalaciones, se nos suma un aumento de llegada de inmigrantes irregulares que nos muestra que además de la falta de medios, nos falta personal capacitado como más guardias civiles con carné de conducir autobuses de presos lo que nos lleva hasta el colapso, este problema sería solucionado fácilmente con una convocatoria de comisión de servicio", afirman desde la asociación.

Solicitud de mediación

Para resolver este dislate, la AUGC ha solicitado la intervención del subdelegado de Gobierno, José María Martín, para que medie entre ambas partes. "Para eso es el jefe de las FFCCSE en la provincia", puntualiza Vega, "que hagan una Junta Local de seguridad, con carácter urgente, e intenten arreglar los problemas del día a día de los agentes".

"Vemos cómo los ayuntamientos se preocupan por su Policía Local y la seguridad de su ciudadanía, que mientras crece la población van a aumentando las plantillas, pero, en cambio, la Guardia Civil lleva desde el año 92 con los mismos efectivos, estando ya en una situación de colapso y desbordados", apostilla Vega. Mientras, "el subdelegado va al Hospital de la Inmaculada, en Huércal Overa, a exigir más servicios sanitarios, cuando lo que tendría que demandar es esa cooperación entre locales y guardias civiles". "Está muy bien que vaya al hospital, pero que se acuerde de los suyos".

AUGC ya solicitó formalmente el pasado febrero un encuentro en la subdelegación, "sin que hayamos recibido respuesta". Con resignación, reconocen que "no esperamos mucho del Gobierno, pero no pueden mirar a otro lado en esta problemática". Mientras, los guardias civiles "seguiremos trabajando en los problemas que nos afectan y luchar para lograr realizar nuestra labor de forma segura".

Francisco Lirola