El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Contratación ha pedido al PSOE “seriedad y que no atribuya a Sánchez un ingreso que a los ejidenses nos garantiza la Constitución”.

José Francisco Rivera indica que “en su ignorancia o con ganas de confundir, el PSOE pone en valor los 28 millones de euros que el Gobierno destinará a El Ejido este año, indicando posibles destinos de ese dinero, cuando en realidad es un ingreso con el que viene contando el Ayuntamiento desde que existe, pues estamos hablando de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado que recoge la Constitución. En su artículo 142 establece que “las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán, fundamentalmente, de tributos y participaciones en los del Estado y las Comunidades Autónomas”.

La financiación local, “gracias a la Constitución y no al PSOE”, participa de los ingresos del Estado y de los de las Comunidades Autónomas, estando perfectamente definidas por ley las fórmulas a aplicar para llegar a ese reparto; reparto que es de mayor o menor importe en función de la recaudación del Estado, y que no es otra cosa que conseguir que una parte de los impuestos que recaudan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas de los vecinos del pueblo, vuelva a ellos en forma de transferencias incondicionales para financiar servicios. Y así, indica, “se viene haciendo hace décadas, por lo que no aporta nada nuevo el PSOE a El Ejido que venga a mejorar nuestra capacidad de gestión o inversión”.

Para Rivera, “es una vergüenza que miles de ayuntamientos en España hayan estado sufriendo tensiones en sus tesorerías porque el Gobierno de Sánchez se empeñó en incluir la actualización de las entregas a cuenta en la Participación en Tributos del Estado en un decreto Ómnibus, junto con un paquete de medidas que incluía, entre otras cosas medidas que eran un despropósito, subidas de impuestos como la subida del IVA alimentos básicos y la luz, protección de los okupas, ya que el Decreto obligaba a los propietarios a seguir pagando los gastos de su vivienda ocupada o cesiones a los independentistas, como la cesión al PNV de un palacete en París”.

Todo ello, implicó que no se convalidara y que no se haya desbloqueado hasta ahora con el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por lo que hasta finales de julio “no hemos visto en las arcas municipales aquello que nos corresponde por derecho, tras muchas reivindicaciones, incluso por parte de la FEMP”.

El portavoz ha recordado, también que, a primeros de abril, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, remitió dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que reclamaba la urgencia de adoptar medidas legislativas que permitiesen a los gobiernos locales recibir, con carácter urgente, las entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado (PTE).

Por lo tanto, Rivera explica al PSOE que “estos 28 millones de euros no abren la puerta a nada, es algo que recibimos todos los años y que está previsto en el presupuesto de ingresos del municipio, de acuerdo a lo regulado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pues tenemos garantizado por ley que todos los años se va a proceder al reparto de un tanto por ciento de la recaudación líquida estatal de cada uno de los impuestos imputable a cada municipio aplicando las fórmulas legalmente establecidas”.

Para este año, a El Ejido tras la actualización de las entregas a cuenta del sistema de PTE le corresponde recibir transferencias por un importe de 28.148.246,60€. Así mismo, por su participación en tributos de la Comunidad Autónoma Andaluza recibirá 4.593.380,22 €.

“Si el PSOE quiera hablar de este tema, lo que tiene que hacer es sumarse a la reclamación de una revisión del reparto de estos fondos que beneficie a las entidades locales, incluyendo variables de corrección, como en nuestro caso, que debería tener una por "presión migratoria" que implica el desarrollo más intenso de determinadas políticas, y en cualquier caso oponerse a generar desigualdad o desequilibrios, como pretender hacer con sus cesiones a ERC, pagar el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale”.