La demanda en contra del acuerdo partió del Frente Polisario. Y es que, esta organización de saharauis no ha entendido, desde un principio, cómo la Unión Europea llegaba a un acuerdo de estas características con Marruecos sin dejar claro que los productos no iban a proceder del Sáhara Occidental, un territorio que el país alauita reconoce como suyo, algo que no ha sido aceptado por la comunidad internacional.

 

La suspensión del acuerdo no es, no obstante, inmediata, ya que ahora se abre un período de alegaciones, de dos meses. 

 

En cuanto a las consecuencias, la suspensión definitiva del acuerdo sería, sin duda, positiva para el campo almeriense, ya que contaría con menos competencia con los productos agrícolas marroquíes. Por el contrario, la ejecución definitiva de la sentencia sería un mazazo para los pescadores españoles que pescan en aguas de Marruecos.

 

Con esta decisión, el Tribunal de Justicia Europeo reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui  y deja claro que Marruecos no lo es, por lo que las negociaciones entre la UE y el Reino alauita, en las que se incluyeron las producciones saharauis, se consideran ilegales, al no haberse producido con un interlocutor válido.

 

Con esta sentencia, como ha explicado Andrés Góngora, secretario provincial de COAG-Almería y responsable estatal de Frutas y Hortalizas para COAG, "entendemos que Marruecos deja de tener un acuerdo preferente con la Unión Europea, por lo que se deberán cargar sus exportaciones con tasas arancelarias". Por consiguiente, como ha añadido Góngora, "a Marruecos le va a resultar más difícil introducir tomates a Europa a un precio razonable".

 

COAG ya denunció en noviembre de 2010 esta situación en base a una carta, fechada en 2004, en la que el entonces Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de la Casa Blanca, Robert Zoellick, aclaraba a un miembro de la Cámara de Representantes de EEUU que en el acuerdo de liberalización comercial entre EEUU y Marruecos no se habían incluido los territorios del Sáhara Occidental porque no está reconocida su soberanía sobre los mismos. Tal y como se detallaba en el escrito “los Estados Unidos y otros muchos países no reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental”. Esta postura fue la adoptada por otros países como Suiza y Noruega. 

Además, COAG denunció en noviembre de 2012 que el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulneraba, a su vez, la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sahara Occidental. La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Sobre esta cuestión, hay pendiente una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a una demanda interpuesta por el Frente Polisario.

COAG, además, rechazó los términos del acuerdo aprobado porque dañaba seriamente la economía de las zonas productoras de frutas y hortalizas. El sector de frutas y hortalizas genera en España la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y tiene un importante peso en la balanza comercial, (la campaña pasada, el valor de la exportación se elevó a los 10.500 millones de euros). En estos tiempos de crisis y paro, problemas especialmente graves en muchas zonas de producción hortofrutícolas, la renovación del acuerdo suponía un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate suponía una pérdida de 350.000 jornales anuales en España.

La Unión Europea y Marruecos podrían llegar a un nuevo acuerdo, siempre y cuando quedara clara la exclusión del Sáhara Occidental del mismo.