La moción que han registrado los ediles Belén Navarro y Serafín Pedrosa se enmarca en la campaña ‘Diez razones para decir NO a la ley de Servicios Sociales de Andalucía’, que está realizando la formación a nivel provincial y bajo el hashtag  #28AñosPaNA en redes sociales.

Según ha explicado Belén Navarro, “esta ley es la más antigua y desfasada de España y, por fin, parece que el Hobierno andaluz asume sus obligaciones con una nueva ley, pero desde Izquierda Unida y otros colectivos hemos mostrado nuestro desacuerdo con el proyecto de ley y hemos presentado una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución. Estamos en contra por cuatro razones fundamentales: el PSOE anuncia que se blindan los servicios sociales, pero no es cierto, porque en su artículo 41 dice que las prestaciones estarán supeditadas al principio de estabilidad presupuestaria, con lo que es una falsedad. La segunda razón por la que estamos en contra es porque esta ley es una alfombra roja a las privatizaciones, on un título entero dedicado a la iniciativa empresarial. Nosotros pensamos que los servicios deben prestarse desde lo público. La tercera razón es que esta ley no cuenta con una memoria económica, luego ¿cómo es posible garantizar prestaciones?, y la cuarta es la participación. Para IU es crucial, pero esta ley no garantiza la participación ciudadana. Habla de la creación de consejos pero no como obligatorios".

Según han explicado los ediles de IU, “esta ley es especialmente importante para el municipio de El Ejido por varias razones. Aquí hay muchísima población con altos índices de exclusión social, con trabajo precario, con largos periodos de paro y población con necesidades, además de población en situación de dependencia, vulnerable y frágil. Y lo que tienen enfrente es un ayuntamiento endeudado a causa, entre otras cosas, por el supuesto expolio de la Operación Poniente y una deuda de 176 millones de euros; y una Junta de Andalucía que realiza pagos insuficientes a las entidades locales en materia de Servicios Sociales y que además se ralentizan”.

Para Navarro, “no puede ser que las corporaciones locales estén tan ahogadas y tengan que esperar tanto para recibir la financiación de la Junta. De esta forma El Ejido padece una situación de muchísima dificultad en el acceso a los Servicios Sociales. Si la ley sale adelante con las garantías que proponemos, los ciudadanos de El Ejido se beneficiarían de una ley que garantizaría los derechos sociales y no se centraría en abrir la puerta a las multinacionales”.

Por todo ello, la moción de Izquierda Unida insta a la Corporación municipal a adoptar estos acuerdos:

1. Instar a la inclusión de medidas legislativas y presupuestarias para que la limitación impuesta por la reforma del art. 135 de la Constitución, las leyes de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, planes de ajuste, etc. no suponga la no prestación de servicios, ya que es esta la única manera efectiva y real de blindar la prestación de los servicios sociales comunitarios y especializados en Andalucía.

2. Solicitar la confección de memoria económica anexa a la ley y a la creación de mecanismos de financiación que eliminen los graves problemas que padecen las corporaciones locales.

3. Pedir la eliminación de la Agencia de Servicios Sociales como órgano de dirección superior de los servicios sociales de Andalucía o, en su defecto, su sustitución por un servicio público.

4. Que la Ley establezca que los Servicios Sociales Comunitarios de segundo nivel y Especializados deben prestarse de manera directa por la administración pública y cuando se incorpore la iniciativa privada, de manera subsidiaria y previa justificación de la imposibilidad de hacerlo de manera pública, se trate de manera diferenciada a la “iniciativa social” y a la “iniciativa empresarial” como prestadores de servicios, dando prioridad a los primeros sobre los segundos.

5. Que se establezcan estándares de calidad en la prestación de estos servicios en la prestación de servicios en ambos casos, iniciativa social y empresarial (plantillas, salarios, servicios, horarios, etc.) y no sólo precios.

6. Para garantizar la participación ciudadana efectiva, que la ley incluya la obligatoriedad de un Consejo Provincial como mínimo y otro Local por cada Zona de Servicios Sociales y que su composición no quede al criterio de cada corporación local sino que se establezca unos mínimos de representación y que se incluyan a los colectivos ciudadanos y a los movimientos sociales en los mismos.

7. Que se incluyan artículos concretos que establezcan protocolos de coordinación en la misma Ley con los Servicios de Educación, Justicia y Vivienda.

8. Que se incluya la ratio de población por trabajador social y las figuras profesionales de la psicología y la educación social aparezcan recogidas del mismo modo que en la ley vigente, es decir, como figuras obligatorias en los equipos de intervención social.

9. En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, instar al compromiso de la resolución de la solicitud en un plazo no superior a dos meses (en la actualidad el plazo se sitúa en los nueve meses) como en otras CC.AA., puesto que estos retrasos hacen que de manera indirecta y de facto se esté trasladando la responsabilidad y las acciones de urgencia de la administración autonómica a la local que se ve “obligada” a actuar mientras tanto.

10. Enviar esta moción a la FAMP y a los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de Andalucía.