Y es que, a pesar de las reiteradas reivindicaciones y demandas de las AMPAS, comunidad escolar, profesores y el propio Ayuntamiento, la Junta de Andalucía “se ha pasado el curso en blanco al no dar ni una solución en todo el año a ninguno de ellos”, explica la concejala de Educación, Julia Ibáñez, antes de advertir que “hay padres que no saben, a día de hoy, ni dónde ni en qué condiciones van a cursar sus hijos sus estudios”.
Y lo han hecho, sobre todo, después de conocer la visita que la delegada de Educación, Francisca Fernández, ha realizado al municipio, en concreto, al colegio de Almerimar para reunirse con los padres sin avisar ni invitar al gobierno local, a pesar de que éste último lleva solicitando, desde octubre, esta visita, así como una reunión monográfica para abordar, de forma integral, las deficiencias de muchos de los colegios que hay en el municipio.
De ahí que el gobierno local haya querido, por un lado, “lamentar la falta de lealtad institucional que ha tenido la delegada de Educación con el municipio de El Ejido” y, por otro, poner sobre la mesa, acreditando con documentos, toda la labor que viene realizando el Consistorio para aportar terrenos y posibilitar la construcción de nuevos centros tanto en Almerimar como en Balerma, así como soluciones al resto de colegios ejidenses.
Ello ha venido precedido de una argumentación sólida, por parte de la concejala de Cultura, recordando todos los problemas de accesibilidad, adaptación a la normativa de seguridad, falta de plazas de comedor, aulas matinal o mediadores culturales que tiene El Ejido a pesar de que el 30% de sus alumnos son extranjeros o en dónde se ubican ya el 21% de los módulos de aulas prefabricadas que tiene la provincia de Almería. Se trata, por tanto, de “datos de una gran envergadura para que la Junta hubiese ya adquirido un compromiso firme con esta ciudad”.
Respecto al problema de Balerma y Almerimar ha sido el propio alcalde ejidense quién ha dado todos los detalles de una cronología que se remonta, incluso, a principios de la legislatura anterior y que dejan claro que desde el gobierno municipal se aportaron posibilidades para la construcción de nuevos centros educativos en estos núcleos de población, ya que se contaba con suelo para ello.
En el caso del CEIP Almerimar, el alcalde ha recordado que “fue la Junta de Andalucía la que optó, junto a la AMPA y la Plataforma, por la modificación del planeamiento urbanístico para realizar la ampliación del centro, a pesar de que existían terrenos disponibles para llevar a cabo la construcción de un nuevo colegio”.
Es más, en su día ya advirtió el Consistorio que podrían demorarse las obras y aún así, según ha apuntado Góngora, se “accedió a esa modificación porque nos lo pidieron los padres, la Plataforma y la propia delegación”. Por eso ahora, anota el alcalde, “no nos valen las excusas que intenta plantear la Junta porque el Ayuntamiento está haciendo sus deberes tramitando toda la documentación necesaria, pidiendo que se agilicen todos los trámites y, sobre todo, estando en todo momento encima de ello”.
Para el Consistorio es la Junta de Andalucía quién está aletargando el proceso, ya que, como ha relatado el alcalde, fue “la anterior delegada de Educación, Isabel Arévalo, quien prefirió esa vía, quien dijo que iban a impulsarlo y a pedirlo de oficio y, la verdad, es que no lo hicieron”. De hecho, “cuando se hizo la aprobación inicial y recabamos los informes sectoriales favorables, inclusive de Costas, nos dicen que hay que hacer una aprobación provisional y, por tanto, nos piden los informes”, tanto es así que “tuvimos que solicitar, otra vez, a la dirección general de Costas que hiciera un informe sobre lo mismo y sin mover ninguna coma de lo ya habían expuesto anteriormente”. De hecho, “tuvimos que recabar, de nuevo, toda la documentación e iniciar el mismo procedimiento que ya habíamos realizado”, concluye el regidor.
Para Góngora, “esa falta de planificación que ha tenido la delegación de Educación, no puede pretender salvarla la Junta de Andalucía ahora echándole la culpa al Ayuntamiento que está modificando el PGOU, a petición de ellos, en una cuestión que no nos parece muy razonable pero que la hacemos por el bien de que pueda haber unas infraestructuras educativas en condiciones”.
Además, y al margen de esto, el alcalde ha expuesto que “actualmente no nos vale una ampliación al lado del centro con una línea, porque el colegio ya cuenta con dos líneas y necesitan dos más, porque sí nacen 120 niños, de forma anual, no salen las cuentas. Estamos hablando de un núcleo de población joven que va en aumento y eso precisa una previsión”. Y es que, según el propio padrón municipal, el 25% de la población de Almerimar es menor de 17 años y, por tanto, tiene derecho a cursar sus estudios en el municipio en el que reside. Unos datos que conoce la Delegación, quién tendría un problema mayor de no contarse en este núcleo con un centro privado que absorbe parte de ese alumnado.
Por tanto, como ha dicho Góngora, todo esto se debe a “una falta de planificación y de dotación de partidas presupuestarias suficientes, no ya para tener plazas educativas como es el caso, sino para contar con centros adaptados a las necesidades que tienen los escolares, a fin de que no haya una educación de primera, segunda y hasta tercera como tenemos en algunos centros de El Ejido, tal es el caso, por ejemplo, del centro educativo de Matagorda que es tercermundista”.
De ahí que Góngora exija a la delegada a que “cree una comisión técnica y a que marque un horizonte para tener unas infraestructuras educativas acordes a lo que necesita El Ejido y, a partir de ahí, marcar prioridades”.
De otra parte, tanto el regidor como los portavoces del equipo de gobierno, han tildado de “deslealtad institucional” la visita que la delegada de Educación realizó ayer al municipio sin avisar ni siquiera invitar al Consistorio cuando éste lleva casi un año solicitando esta reunión. Ello ha llevado a Góngora a tachar de “oportunismo político” y advertir de que “no se debe de confundir las administraciones con los partidos políticos”. Para Góngora “con esta actitud, la delegada y la Junta están avocando a los padres a que se tengan que echar a la calle para que alguien, en concreto la Consejería de Educación que tiene esas competencias, atiendan sus demandas”.
Por todo ello, “debe de ponerse a trabajar cuanto antes la Junta da Andalucía, a fin de que se dé respuesta a todas y cada una de las demandas “lógicas” que están planteando las AMPAS de los propios centros educativos en torno a cuestiones tan básicas como “la seguridad y la educación de sus hijos".