La unidad de Consumo del Ayuntamiento ha previsto el desarrollo de una charla precisamente sobre esta cuestión para resolver todas las dudas relacionadas con este asunto, especialmente teniendo en cuenta las recientes sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo.

La charla está prevista para el próximo día 15 de marzo, a partir de las siete y media de la tarde en la Sala B del Teatro Auditorio. En esta línea, la concejala de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo del Consistorio, Luisa Barranco, ha explicado que "se trata de una cuestión que interesa, en gran manera, a las familias que tengan suscrito un préstamo de garantía hipotecaria, sobre todo después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha de 21 de diciembre, que condena a la Banca Española a la devolución de la cláusula suelo o tras la declaración de cláusula abusiva que el BBVA impuso en su momento al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivadas del préstamo hipotecario".

Debido a la ingente cantidad de reclamaciones, dudas y demandas interpuestas por los consumidores afectados por la imposición de la misma, el Consistorio lleva prestando asesoramiento e información sobre este asunto desde 2013, fecha coincidente con la publicación de la sentencia nº 241/2013 del TS de fecha 9 de mayo por la que se condenaba a las entidades Cajamar, BBVA y Nueva Caixa Galicia a la anulación de las cláusulas suelo. Desde entonces han sido 862 las personas atendidas en las dependencias municipales respecto a esta materia. Destacar que de éstas, 158 han derivado en expediente de reclamación dirigido al Banco de España y Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

En esta línea, Barranco ha reseñado que "la importancia de que los afectados acudan hasta la tercera planta del Ayuntamiento para conocer la normativa sobre anulación y retroactividad de la cláusula suelo, así como los cauces adecuados de reclamación extrajudicial que existen y las características de la demanda judicial a fin de que se les devuelva lo que es suyo". 

Por otro lado, la edil responsable de este área ha querido destacar "el importante trabajo que desempeña la OMIC en la defensa de los derechos del consumidor y es que cuenta con un servicio permanente de atención gratuita durante todo el año dirigida a satisfacer las posibles dudas o reclamaciones que puedan surgir al consumidor en distintos ámbitos y sectores; además cumple una función mediadora muy importante que da lugar a la resolución de numerosos conflictos de una forma rápida y efectiva”.

En esta línea, cabe destacar los importantes datos que se derivan de los servicios que se prestan  a los consumidores en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. De esta manera, es preciso hacer hincapié en los que se derivan del año 2016, que se cerró con 1.292 consultas atendidas y un total 717 reclamaciones, siendo los sectores más solicitados telecomunicaciones (con un 55 %); los suministros (agua y electricidad, 18 %); la banca (12 %) y los seguros (8 %). Tal ha sido la efectividad de la gestión realizada en esta unidad que, de los casos presentados, se ha realizado una mediación favorablemente en el 49% de los mismos y alcanzado un total de 80.000 euros en devoluciones por parte de las empresas reclamadas.

En el caso de la Junta Arbitral, se ha prestado atención y asesoramiento a 117 solicitudes de arbitraje, de las que 32 han sido resueltas por Laudo, 53 por mediación favorables, 18 trasladadas a otros organismos y 7 archivadas, donde el tema más demandado también ha sido las telecomunicaciones.

Por su parte, el servicio de Intermediación Bancaria ha prestado ayuda a un total de 550 familias, de las que 180 han solicitado la aplicación del código de buenas prácticas, 111 han recibido información sobre la suspensión de los lanzamientos, 219 han información de las medidas legislativas aprobadas y de alquiler social y 40 han sido derivados a la Diputación de Almería por estar ubicada la vivienda en otros municipios.