Un auto de la Audiencia Provincial de Almería, con fecha de 4 de diciembre de 2020, al que ha tenido acceso D-CERCA, acuerda la entrada y registro en la mercantil Comerciantes del Poniente (COPO) con el fin de localizar una serie de documentos requeridos por los socios minoritarios y que, a su juicio, pondrían de manifiesto la vulneración del derecho a la información de dichos socios y reflejarían una gestión, al menos irregular, de la mercantil durante los últimos años.

Los denunciantes mantienen que la sociedad tiene una “clara intención” de “ocultar esta documentación y la información que contiene, habida cuenta de que puede servir de base para una acción de responsabilidad” por vía criminal que no descartan iniciar próximamente. No en vano, desde la dirección de la sociedad, ante este requerimiento judicial habrían alegado que dicha documentación “no se encuentra” sin haber aportado prueba de haberla siquiera buscado.

De esta forma, de acuerdo al Auto de la Audiencia Provincial, que no fue recurrido en tiempo y plazo por la sociedad, en pocos días debería determinarse la fecha y hora de la entrada y registro de las instalaciones de COPO con el fin de hallar documentos tales como varias actas del Consejo de Administración o de la Junta General, en convocatorias ordinarias y extraordinarias, referentes a la remuneración de los miembros del órgano de administración social. También se requerirán actas del Consejo de Administración desde el año 2008 y las actas de la Junta General Ordinaria desde el 2008 al 2016. La documentación requerida por la Justicia y no aportada por COPO es extensa e incluye, igualmente, actas de las sesiones del Consejo de Administración donde se nombran los actuales consejeros delegados, los movimientos contables realizados en el año 2012, actas en las que figuran los distintos acuerdos de aumento de capital social adoptados por la Junta General, el acta del acuerdo de liquidación de las acciones amortizadas, el libro de registro de socios, o documentación relativa a las obras de reforma de la galería comercial y las subcontratas intervenidas en estas tareas, que afectaron al denominado ‘Paseo de la Moda’ (la zona de restauración y las salas de cine de este centro comercial ejidense).

Reforma y ampliación

No en vano, una de las cuestiones que ya estaba en manos judiciales es precisamente estas obras de reforma a las que se sometió el centro comercial COPO y que culminaron en la primavera de 2017 con la apertura por todo lo alto de la fase 2 y 3 de las instalaciones de unos 6.000 metros cuadrados dedicados al textil, ocio y restauración.

Tal y como anunció este periódico en noviembre de 2020, la Fiscalía abrió diligencias para investigar la posible comisión de un delito medioambiental ante la situación de estas instalaciones, que se ponía de manifiesto en una denuncia de los socios donde se hablaba de diversas irregularidades en este ‘Paseo de la Moda’; irregularidades confirmadas también por un expediente disciplinario del Área de Urbanismo del Ayuntamiento ejidense.

En concreto, el citado expediente disciplinario, fechado el 22 de marzo de 2020, imponía una multa simbólica a la entidad mercantil y ordenaba, como medida cautelar, “la suspensión inmediata de la actividad en la fase 2 y 3”.

En aquel escrito remitido a la Fiscalía General del Estado en agosto de 2020, los socios minoritarios ya aludían al oscurantismo de la gerencia, en manos de Cecilio Guillén, y del resto del consejo. El escrito sobre el que la Fiscalía ha iniciado su investigación refleja la inexistencia de la correspondiente licencia de utilización de la zona ampliada en COPO. Y es que, al menos hasta finales de 2020, la entidad mercantil no había aún facilitado al Consistorio ejidense el proyecto y certificado final de obra de la instalación de detección y alarma e hidrantes (lo cual es obligatorio según el CTE-SI). Tampoco se ha aportado el certificado final de obra de proyecto de control de humos, ni el proyecto y certificado final de ampliación de instalación de agua para red de protección contra incendios.

De esta misma forma, los denunciantes recuerdan que entre otras deficiencias está “la inexistencia de rociadores en la planta sótano”. Igualmente, la denuncia de los minoristas afirma que la “no presentación de la documentación referida se debe a que las obras ejecutadas no se ajustan ni al proyecto técnico redactado, ni se han ejecutado las obras conforme a los requisitos exigidos por la normativa de aplicación vigente en protección contra incendios, debiendo realizarse una serie de trabajos imprescindibles y complementarios, a los que se han negado de forma reiterada su presidente, consejeros delegados y jefe de ejecución de las obras”.

Facturas

La gestión desarrollada por la gerencia de COPO en las obras de reforma de la galería comercial es una de las cuestiones que más preocupa a los demandantes. Y es que las obras partieron con un proyecto de ejecución de dos millones de euros y, sin embargo, terminaron costando unos 10,8 millones de euros.

Por ello, la mercantil, de acuerdo a este último Auto de la Audiencia Provincial, deberá aportar copia de los contratos de ejecución de las obras realizadas en los años 2016 y 2017, así como las certificaciones de obra abonadas hasta la fecha, las facturas y documentos bancarios que acrediten su pago. Además, exigen saber las subcontratas intervinientes o los detalles del contrato del préstamo bancario de las obras; cuestiones que, durante todo este tiempo, no han sido comunicadas al resto de los socios por parte de los consejeros delegados.

Adquisición preferente de acciones 

Otra de las cuestiones que ha motivado la acción de los socios minoritas de COPO se debe a que, tal y como se sustenta en el auto de la Audiencia Provincial, los denunciantes consideran que se ha producido un “incumplimiento del derecho de adquisición preferente de los socios en las distintas transmisiones de acciones realizadas a terceros, así como de los trámites legales necesarios para proceder a las sucesivas ampliaciones de capital que se han producido”.

Es decir, consideran que no se informó a todos los socios de la venta de acciones y, por tanto de su derecho preferente de compra, de tal forma que las acciones se habrían concentrado en muy pocas manos por parte de los ahora mayoristas de la sociedad.

De ahí que el juzgado haya requerido la aportación de información tal como el libro de registro de socios o documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales, además de las publicaciones de los anuncios de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, entre otros.

Igualmente, los denunciantes aluden a “remuneraciones económicas excesivas y desproporcionadas” por parte de los consejeros delegados, por lo que exigen la aportación de las actas de los Consejos de Administración desde el año 2008, de las juntas generales o de los acuerdos de nombramientos de los actuales consejeros delegados. En esta línea, Comerciantes del Poniente ha convocado la celebración de una Junta para el próximo lunes 15 de febrero donde se pretende informar del cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Almudena Fernández