La denuncia contra el Consistorio daliense se presentó el pasado 10 de junio, pero no fue hasta el 20 de julio, cuando el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Almería admitió la demanda y requirió al Ayuntamiento que aportase el expediente administrativo correspondiente donde demostraría que se han realizado las obras necesarias para hacer seguras y firmes las instalaciones, tal y como se le viene demandando desde el año 2010.

En el pleno celebrado a principios de diciembre en el Ayuntamiento daliense, la oposición del PP preguntó al alcalde, Francisco Giménez (PSOE), sobre la reapertura de las instalaciones y la existencia de esta denuncia de la Abogacía del Estado; cuestión que el regidor negó aludiendo a una negociación que, sin embargo, desde la Abogacía del Estado han negado que esté en marcha.

Más aún, según también el Partido Popular daliense, el Juzgado ya habría señalado fecha para la celebración de la vista: el 24 de octubre de 2022. Ante este conflicto, desde el PP han mostrado “una vez más nuestra colaboración para que la solución se pacte con el Ministerio del Interior y la Comandancia Guardia Civil, con el fin de que los servicios vuelvan a nuestro Cuartel a la mayor brevedad”. No en vano, desde hace más de dos años, los vecinos dalienses deben trasladarse a las localidades de Berja o Dalías para realizar cualquier trámite administrativo con la Guardia Civil.

Orígenes

El cierre de las instalaciones viene motivado por una obra que se acometió junto al cuartel en el año 2009 y que supuso rebajar el terreno unos tres metros con unos trabajos inconclusos que dejaron la zona de las dependencias oficiales sobre un talud vertical sin protección que, con el paso de los años, ha dado lugar a grietas y peligro de derrumbe.

Pese a la negativa inicial del actual equipo de Gobierno daliense para realizar obras en la zona, al considerar que no eran competencia municipal, los trabajos terminaron por iniciarse la pasada primavera. Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que las obras ejecutadas no eran las previstas en el proyecto ni dan estabilidad y seguridad al acuartelamiento por lo que instan a actuaciones que cumplan con el acuerdo de ejecución subsidiaria de fecha del 6 de agosto de 2014, que es firme y no está revisado de oficio.

Almudena Fernández