El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha presentado en el Pleno una moción contra la tramitación de una Ley de Amnistía “que Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar”. El PP, considera que, además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado y gobernar a costa de todo exculpando a cientos de personas que han cometidos graves delitos”, ha dicho el presidente del PP de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.          

PP, VOX y Almería Avanza han votado favorablemente a la moción, mientras que el PSOE “se ha retratado” votando en contra –como también ha hecho IU- bajo el argumento de que no hay tramitación alguna de una Ley de Amnistía. Ha calificado la moción el portavoz socialista, Manolo García, “de conversación de bar” y ha asegurado que no entiende la moción y que “el PSOE apuesta por el diálogo”.            

Amat considera que el PSOE “no hubiera hecho mal refrendando la moción, porque no va contra ninguna ley” y ha asegurado que “no vamos a permitir que se juegue con el destino de España por, precisamente, quienes quieren romperla, y mucho menos a cambio de un sillón en la Moncloa”.            

Los populares de Roquetas de Mar han pedido a los distintos partidos que conforman la corporación cuatro propuestas de acuerdo:            

1.    Rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.        

2.    Considerar que el Imperio de la Ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.              

3.    Animar a los dos partidos mayoritarios, a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.            

4.    Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los Portavoces Parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP.          

En la exposición de motivos el Grupo Popular recuerda que, durante la tramitación de la Constitución de 1978, se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.          

En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano.        

No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.