"Quién defiende a los que nos defienden?" Esa es la pregunta que hacen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para señalar el "notorio aumento" de agresiones físicas a los agentes en la provincia y el mal estado de las instalaciones del Puesto Principal de Roquetas de Mar. 

Como señalan en un comunicado, el último episodio se produjo el pasado viernes día 16 de febrero, cuando una patrulla regresaba de un servicio y se topó con un joven que mostraba actitud violenta en el exterior de las instalaciones de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Los agentes finalmente tuvieron que reducirlo en principio por un supuesto delito de desobediencia grave y resistencia. Tras el forcejeo y la incesante actitud violenta, el detenido, negándose a seguir las indicaciones de los guardias civiles, acabó atacando y causando lesiones de gravedad en la mano de uno de los agentes,, que tuvo que ser intervenido de urgencia con un clavo en el interior de la mano y grapas de sutura, causándole "una indisposición y meses fuera de servicio".          

Para la AUGC, este tipo de situaciones se deben "a la falta de medidas de seguridad y de protección para los guardias civiles". Por un lado, la falta de medios activos, como por ejemplo las pistolas Taser, que "ayudarían a los agentes a defenderse y reducir al sujeto en estos casos de agresividad extrema". Y, por otro lado, medios pasivos, como puede ser una cámara corporal para amparar judicialmente las actuaciones de los agentes y de esta forma evitar las consecuencias para quienes han de velar por la seguridad de los ciudadanos.        

En la misma línea, "demandamos el endurecimiento de las penas para estos comportamientos". Desde la asociación aseguran que "en estos casos es habitual que el acusado se declare insolvente, no llevándose ningún reproche penal por ello y condenando al agente a enfrentarse a un nuevo procedimiento administrativo para recibir una cuantía mínima que termina pagando el Estado en concepto de indemnización".

"Al final", concluyen, "las consecuencias de este tipo de comportamientos son mínimas y el resultado es la repetición de las mismas amparándose en su insolvencia". Desde hace 37 años, explican, se aplica la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "lo que hace replantearse que vamos tarde en una nueva norma que regule de nuevo todo lo relativo a la seguridad pública en nuestro país ya que hay nuevos retos y amenazas que antes no existían como la pérdida del principio de autoridad".