Un fondo buitre, con el beneplácito de la Sareb, amenaza
los hogares de 53 familias del Edificio Vistaverde en Aguadulce. Así lo
denuncia a D-CERCA el presidente de la comunidad de vecinos, Javier Rodríguez,
que no duda en calificar la operación de “especulación mafiosa”.
La construcción
Como muchas historias de desastres en este país, esta
comienza con la debacle financiera de 2008 y el estallido de la burbuja
inmobiliaria.
“El edificio lo levantó una constructora local”, explica
Rodríguez, “que lo puso a la venta antes de terminar los acabados”. Con la
llegada de la crisis, no llegaron a terminarlo y, como no podían venderlo, la
empresa creó una sociedad pantalla para gestionar los alquileres. En ese
momento, “el edificio se fue llenando de inquilinos, con su contrato, su
boletín de luz, de agua, con todo lo que debe tener”, cuenta el representante
de los vecinos.
Al dejarlo a medias, Vistaverde sufría de muchas
carencias, “no teníamos ascensor, y en muchas viviendas faltaban enchufes,
grifos, puertas o calentadores”. que tuvieron que arreglar los propios
inquilinos. Para las zonas comunes, decidieron registrar su propia comunidad de
vecinos, con la que, poco a poco, “como hormiguitas”, comenzaron a
adecentarlas: contrataron el servicio de limpieza, de los extintores, el
ascensor...
Todo aquel esfuerzo pareció desmoronarse cuando
descubrieron, casi de casualidad, que la constructora que gestionaba sus
alquileres había vendido el edificio a la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, fundada en 2012 para, en
principio, gestionar los bienes de entidades bancarias en proceso de
reestructuración o resolución.
“Fuimos
al juzgado a informarnos”, cuenta el presidente de la comunidad, “queríamos
saber si podíamos seguir pagando nuestro alquiler como siempre”. La respuesta
que recibieron fue que no constaban oficialmente en ningún lugar. Y que
buscasen a un abogado.
En
este caso, Javier, de forma individual pero representando a todos los vecinos,
acudió a un juicio en el que la Sareb pedía su desahucio inmediato, algo que el
juez evitó al considerar que era un inquilino con todas las de la ley, tras
presentar un contrato de alquiler, recibos y su padrón.
“Ninguneados"
A
pesar de contar con esa sentencia firme, la historia no acabó ahí.
Después
de aquello, la Sareb les hizo llegar un burofax en el que les ofrecía la
posibilidad de un alquiler social a aquellos en riesgo de vulnerabilidad
social, a lo que todos los inquilinos se acogieron.
Meses
después, y sin que ningún técnico acudiera para acreditar la vulnerabilidad,
llegó otro burofax de similar contenido, por lo que repitieron el proceso.
Sin
embargo, les llegó un tercer comunicado del banco malo, acusándoles de haber
hecho caso omiso a los anteriores y anunciando que iniciaban un proceso
judicial contra los inquilinos.
Tras
aquello, fue cuando descubrieron que sobre el edificio ya pendía una orden de
lanzamiento con fecha del 12 de agosto e
2024, fijando el desahucio para el 5 de junio de este año. Y que, además, el
inmueble ya había sido adquirido por un fondo de inversión. “Nos han mareado y
hecho perder el tiempo”, sentencia Rodríguez, “nos están ninguneando y
chuleando”.
“No
somos okupas, ni queremos vivir por la cara, ni que nos lo regalen”, reclama el
representante de la comunidad. Ahora, después de que la noticia haya saltado a
los medios de comunicación, el lanzamiento se ha aplazado, pero Rodríguez no
puede mostrarse optimista. “Me temo que dentro de un tiempo nos echarán a al
valle, y el edificio se convertirá en apartamentos vacacionales con los que
cobren 200 euros por noche, haciendo negocio, echando a la puta calle a 53
familias”.
Pero
los vecinos de Vistaverde no se irán sin intentarlo todo Al cierre de esta
edición, Javier Rodríguez mantenía un encuentro
con el subdelegado de Gobierno, José María Martín . Y, este miércoles, 28 de
mayo, estarán exponiendo su historia ante el Congreso de los Diputados.
Reacciones
Según denuncia la agrupación roquetera de Izquierda Unida
y Podemos, la situación de Vistaverde no es única en el municipio, y acusan a
los fondos buitre de “contribuir a una crisis habitacional en la que los
residentes se ven expulsados por la especulación”.
“Roquetas de Mar lleva años sumida en una crisis
habitacional, en la que los precios del alquiler han subido sin control y cada
vez quedan menos opciones para quienes buscan una vivienda estable. Lo que
ocurre en Vistaverde es solo un síntoma más de un problema de fondo: el
desinterés institucional por garantizar el acceso a la vivienda”, señalaba el
portavoz del grupo municipal en el Pleno, Zacarías Lekal.
Por su parte, desde el
Ayuntamiento roquetero, trasladan que aquellos en riesgo de situación de
vulnerabilidad pueden acudir a los servicios sociales en apoyo.
Francisco Lirola
