Suspende el desalojo de los inquilinos del edificio Vistaverde de Aguadulce, propiedad de un fondo buitre. “Un triunfo de la presión social y política, sí, pero también una batalla inconclusa. Porque la realidad es que el problema va mucho más allá de este caso concreto”, apuntan desde Izquierda Unida-Podemos en Roquetas de Mar, grupo que los ha acompañado al Congreso de los Diputados donde los afectados expusieron su causa este miércoles, 28 de mayo. “Respiran aliviados, aunque sin bajar la guardia”, advierten. 

Belén Pérez, coordinadora local de IU en Roquetas de Mar, lo dice claro: “Nos alegramos de que la Sareb haya paralizado el desahucio, pero nos inquieta profundamente el criterio que se utilizará para determinar qué familias son vulnerables y cuáles, supuestamente, no lo son. En una provincia donde los alquileres suben sin control y los pisos turísticos desbordan el mercado, este tipo de filtros pueden dejar fuera a familias trabajadoras que están en una situación desesperada pero que, a efectos burocráticos, no cumplen con ciertos requisitos”.        

Y es que el problema no es nuevo. Desde IU Roquetas de Mar recuerdan que llevan tiempo denunciando que la Sareb, entidad creada para gestionar activos inmobiliarios problemáticos, “ha estado operando de una forma opaca, permitiendo la acumulación de viviendas en manos de fondos de inversión mientras familias almerienses luchan por mantenerse bajo un techo. La historia se repite una y otra vez: desahucios silenciosos, contratos irregulares, incertidumbre constante”. “Lo que hoy viven estas 53 familias, podría pasar mañana en otro barrio, en otra ciudad. Y lo peor es que pasará si no lo frenamos”, advierte Pérez.        

Desde la organización subrayan que su labor en defensa de las familias trabajadoras de la provincia no depende de la repercusión mediática de un caso concreto. “Izquierda Unida ha estado siempre presente, trabajando codo a codo con quienes más lo necesitan, independientemente de los focos o titulares. Nuestro compromiso es constante y va más allá de la atención puntual que pueda generar un problema concreto”, recalca la coordinadora local.          

Para reforzar esa lucha, el pasado 28 de mayo representantes de las familias afectadas de Vistaverde viajaron al Congreso de los Diputados para reunirse con Toni Valero, diputado por Sumar y coordinador de IU Andalucía. En el encuentro estuvieron presentes Zacarías Lekal, concejal portavoz de IU y Podemos en Roquetas de Mar, y Mª del Mar Palenzuela, secretaria de organización de IU en la provincia de Almería. Allí se habló sin rodeos de la necesidad urgente de frenar los desahucios encubiertos y de encontrar fórmulas que garanticen el acceso a vivienda digna para las familias afectadas por la gestión de la Sareb.        

Lekal lo dejó claro tras el encuentro: “Tenemos que ir más allá de lo inmediato. No queremos solo evitar este desahucio, queremos poner fin a estas prácticas injustas”. Su intervención subrayó la urgencia de una regulación efectiva que impida que los fondos de inversión y la especulación sigan expulsando a familias de sus hogares bajo la mirada cómplice de administraciones que, hasta ahora, han hecho poco por revertir la situación.        

Además, desde IU Roquetas de Mar no dejan de mirar más allá de Vistaverde, hacia esas otras comunidades en Aguadulce y El Toyo que atraviesan circunstancias similares pero sin el foco mediático que este caso ha logrado atraer. “Nos preocupa enormemente que estas familias no tengan la visibilidad necesaria para que sus problemas también sean atendidos”, señala Pérez. Por eso, la organización se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando en la misma línea que acordó con los vecinos de Vistaverde, “impulsando soluciones reales”.        

"Celebramos que el desalojo haya sido paralizado, pero no podemos obviar que el problema no debería haber llegado a este punto. La Sareb es un organismo que depende de los ministerios competentes y, por tanto, de quienes tienen la capacidad de impedir que situaciones como esta se produzcan en cualquier punto de nuestra geografía. Que haya sido necesaria una movilización social y política para frenar un desahucio injusto es un síntoma de una gestión que debe corregirse de raíz. Desde Izquierda Unida seguiremos exigiendo responsabilidades y soluciones estructurales que garanticen que no haya más familias en esta incertidumbre."      

La presión continúa. “No vamos a relajarnos hasta que las 53 familias tengan asegurada una vivienda digna, y tampoco vamos a dejar de denunciar la falta de regulación del mercado de alquiler y la falta de viviendas sociales y alternativas habitacionales, que cada día deja a más familias en una situación insostenible”, concluye Pérez. “Porque esto no va solo de un edificio en Aguadulce. Esto va de un modelo de gestión que, si no se combate, seguirá expulsando a familias obreras de sus hogares”.