La Guardia Civil y las gasolineras se unen contra el petaqueo

La Guardia Civil y las gasolineras se unen contra el petaqueo

Los establecimientos informarán a las autoridades cuando alguien intente repostar cantidades de combustible superiores a las habituales

La Guardia Civil y las gasolineras de la provincia de Almería estrechan sus lazos colaborativos para combatir a los petaqueros, quienes suministran combustible a las narcolanchas que esperan en alta mar antes de entrar en costas españolas. Desde la Comandancia de Almería esperan que esto permita que los establecimientos puedan alertar directamente en caso de que alguien pretenda repostar cantidades superiores a las habituales. Además, se potenciará la vigilancia en las estaciones. Obtener estas informaciones permitirá a la Guardia Civil investigar a posibles sospechosos y tramitar en su caso las sanciones administrativas pertinentes en materia del transporte de mercancías peligrosas u otros ámbitos.

El instituto armado mantiene una máxima colaboración con los establecimientos, con el objetivo de prevenir e intensificar el control y actuación contra el suministro ilegal de gasolina, que, a su vez, pueden suponer un riesgo tanto para el propio negocio como para sus clientes, e incluso para quienes se encuentren repostando estas grandes cantidades sin las medidas de seguridad.

Gracias a las informaciones obtenidas con esta colaboración, sobre las personas implicadas y los vehículos utilizados, la Comandancia de Almería ha iniciado ya varias investigaciones, Así mismo, en muchos establecimientos se está impidiendo la realización de estas actividades, lo que pone en valor el compromiso del personal de las gasolineras para evitar, según la normativa, la realización de estas actuaciones.

La Guardia Civil recuerda que el suministro de gasolina será como máximo de 60 litros, cumpliendo las normas y recomendaciones recogidas en el Acuerdo Europeo relativo al transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR) para particulares, y siempre deberá transportarse en un envase homologado. Así mismo, se valora la implicación y responsabilidad de los profesionales de las gasolineras para evitar que estas actuaciones se lleven a cabo, en beneficio de la seguridad colectiva.


La complicada legislación del petaqueo

El petaqueo se ha convertido la actividad relacionada con el narco más extendida y lucrativa en la provincia de Almería en general, y en la comarca del Poniente en particular. Son una parte fundamental del tráfico de drogas de drogas y seres humanos en el Mediterráneo, suministrando combustible a las embarcaciones que esperan en alta mar el mejor momento para descargar en el litoral, especialmente desde que en 2018 se prohibieran estas naves neumáticas del tipo 'Go Fast', lo que hace que puedan ser perseguidas en el mismo momento en el que son detectadas en aguas españolas, lo que ha obligado a sus pilotos a volverse más cautos y pacientes. 

Sin embargo, a pesar de su papel destacado, ya que sin ella estas actividades ilícitas no podrían llevarse a cabo, nuestro país carece de una normativa específica para combatirlas. En España la mayoría de delitos relacionados con el petaqueo se quedan en una sanción administrativa, y solo en casos en los que se superan los 50.000 litros de combustible puede llegar a castigarse con hasta cinco años de prisión, o multas que llegan a sextuplicar el valor de lo intervenido. Esta capa de impunidad fue lo que permitió que la mayoría de los 50 detenidos de la Operación Ovidio del año pasado acabaran en libertad, a pesar de su vinculación con el mediático y conocido Clan de los Lateros en Adra, la principal organización dedicada al petaqueo en el Poniente almeriense. 

En una reciente entrevista para la Cadena Ser, la fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, volvía a pedir que el petaqueo deje de considerarse una falta administrativa para que se convierta en delito, lo que permitiría aumentar las penas y castigos en estos casos. 

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) llevan años haciendo peticiones similares. Entre sus propuestas se encuentra que se tipifique como un delito de contrabando, o que se persiga como se hace en Gibraltar, donde se contempla que la acumulación o transporte de combustible pueda conllevar penas de hasta una década de prisión, llegando hasta la cadena perpetua si esto llega a provocar muerte o lesiones. 


Francisco Lirola